Uno por uno, los puntos clave de la Ley de Ludopatía que quiere impulsar el Gobierno en el Congreso
El Poder Ejecutivo anunció el envío de un nuevo paquete legislativo al Congreso que incluye iniciativas sobre inversiones, regulación del juego online, transparencia en el lobby y cambios en la ley de etiquetado frontal.
El Gobierno reactivó el debate parlamentario y quiere impulsar la Ley de Ludopatía, una iniciativa que retoma las discusiones que se habían iniciado en las comisiones del Congreso durante el período legislativo del 2025. El oficialismo busca imprimirle un enfoque metodológico diferenciado respecto de las versiones anteriores que habían sido promovidas por los bloques de la oposición con la intención de concentrar los esfuerzos de los equipos técnicos en regular el ingreso de los menores de edad a los sitios digitales de apuestas y en diseñar herramientas estatales efectivas para prevenir las conductas adictivas.
Las autoridades de la Casa Rosada descartaron de manera tajante la prohibición total de los anuncios publicitarios de las empresas del sector del juego online. Sin embargo, los asesores presidenciales sí evalúan aplicar severas restricciones a su alcance en determinados segmentos de consumo masivo.
El objetivo primordial de la Jefatura de Gabinete consistirá en equilibrar el normal desarrollo de la actividad económica y comercial de las empresas operadoras con la urgente protección de los usuarios más vulnerables de la sociedad, dirigiendo el foco de cuidado de manera prioritaria hacia la población adolescente.
Ley de Ludopatía: los puntos clave de la regulación que quiere aplicar el Gobierno
La mesa chica del Gobierno centra su principal preocupación institucional en el crecimiento exponencial de las patologías ligadas al juego entre los jóvenes de todo el país porque detectaron que la masificación de los teléfonos celulares y la falta de filtros en las redes sociales facilitan el acceso diario a los casinos virtuales.
Con la redacción de este nuevo marco normativo, el Estado tiene la intención de fiscalizar las apuestas virtuales e implementar un control exhaustivo sobre las billeteras digitales y los entornos de juego mediante los siguientes ejes operativos:
- Restricciones a la publicidad: las agencias oficiales aplicarán límites concretos y segmentados a las pautas comerciales de los casinos y las plataformas de apuestas para que no alcancen al público infantojuvenil.
- Controles de edad e identidad: las empresas del sector técnico deberán incorporar mecanismos tecnológicos de validación de datos para corroborar que los apostadores sean mayores de edad antes de habilitar las cuentas.
- Medidas de prevención de la adicción: el proyecto contempla el desarrollo de alertas y herramientas de autolimitación dentro de las propias aplicaciones de juego para detectar conductas de riesgo de manera temprana.
- Campañas de salud mental: las carteras de Salud y Educación coordinarán la difusión de programas de concientización y asistencia pública para abordar las consecuencias de la ludopatía en los establecimientos educativos.
- Límites a promociones y bonos: las autoridades de aplicación prohibirán o regularán el otorgamiento indiscriminado de bonificaciones de bienvenida y créditos gratuitos que funcionan como anzuelo para los nuevos usuarios.
Periodo legislativo: cuáles son los otros proyectos de ley que el Gobierno busca aprobar en el Congreso
El Gobierno confirmó que enviará al Congreso de la Nación un nuevo paquete de proyectos que abarca desde incentivos económicos hasta regulaciones sociales, con el Super RIGI como eje central de la agenda legislativa. La decisión fue definida tras una reunión entre el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos.
El anuncio posiciona esta tanda como la tercera batería de reformas que el Ejecutivo impulsa desde el inicio del período de Sesiones Ordinarias. Según comunicó Adorni en redes sociales, las iniciativas incluyen una Ley de Ludopatía, una Ley de Lobby, modificaciones al régimen de Etiquetado Frontal y el esperado esquema ampliado de incentivos a la inversión.
El proyecto que concentra mayor prioridad es el denominado Super RIGI, una versión extendida del régimen aprobado junto a la Ley Bases. La propuesta apunta a atraer industrias nuevas al país mediante beneficios fiscales más profundos que los actuales.
Entre las medidas previstas se destacan la reducción del impuesto a las ganancias del 25% al 15%, un esquema de amortización acelerada de inversiones, la eliminación de aranceles de importación y exportación vinculados a la producción y limitaciones a los tributos provinciales y municipales que impactan sobre la actividad.
Cambios en el etiquetado frontal: qué pasará con los sellos
En paralelo, el Gobierno plantea una reforma a la ley de Etiquetado Frontal, con modificaciones que podrían impactar directamente en la industria alimentaria. El proyecto prevé revisar el sistema de octógonos negros y reabrir la posibilidad de usar figuras públicas o personajes en los envases.
También se propone ajustar los criterios técnicos que determinan cuándo un producto debe llevar advertencias y reducir la carga administrativa para las empresas. La iniciativa promete abrir un nuevo debate sobre consumo, salud y marketing.
Una ley para transparentar el lobby
Dentro del paquete, la Ley de Lobby aparece como una de las propuestas más novedosas. El texto apunta a regular y transparentar la actividad de gestión de intereses frente a funcionarios públicos, una práctica habitual en democracias desarrolladas.
El proyecto toma referencias de sistemas como los de Estados Unidos y Chile, donde el lobby está institucionalizado y sujeto a registros obligatorios. La idea es que reuniones, actores involucrados y objetivos queden documentados, con acceso público a la información.
En la Argentina ya existen antecedentes vinculados a la publicidad de la gestión de intereses, especialmente desde el decreto de acceso a la información dictado en 2003. Sin embargo, la nueva iniciativa busca avanzar hacia un marco legal más específico y amplio.
El Gobierno apuesta a acelerar el tratamiento de estas reformas en el Congreso en las próximas semanas, con la expectativa de construir mayorías parlamentarias que permitan su aprobación. El avance de cada proyecto dependerá del nivel de consenso político en ambas cámaras.
