La controversia por la designación de la jueza María Verónica Michelli sumó este viernes un nuevo capítulo luego de que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aclarara que el presidente Javier Milei no está obligado a firmar el decreto que formalice su nombramiento, pese a que el Senado ya aprobó su pliego. Según sostuvo el funcionario, la decisión final depende exclusivamente del Poder Ejecutivo y será adoptada cuando se considere oportuno para garantizar el funcionamiento del sistema judicial.
Mahiques aseguró que el Senado “habilita, pero no obliga” al Presidente
En declaraciones radiales, Mahiques explicó que la aprobación legislativa habilita al Presidente a concretar la designación, pero no lo obliga constitucionalmente a hacerlo. “Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará el decreto. El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”, afirmó.
La situación de Michelli quedó envuelta en la polémica luego de que el Gobierno retirara su pliego pocos días antes de que fuera tratado en la Cámara alta. La magistrada había sido propuesta para integrar el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata, un organismo que todavía no se encuentra operativo. Diversas versiones señalaron que la decisión de la Casa Rosada estaría relacionada con el vínculo familiar de la jueza con el periodista Hugo Alconada Mon, aunque Mahiques rechazó esa interpretación.
“El Presidente tiene la facultad de retirar un pliego como hicieron todos los presidentes”, argumentó el ministro. Para respaldar su postura recordó un antecedente personal: el retiro de la candidatura de su hermano, Ignacio Mahiques, quien había avanzado en el proceso para convertirse en juez federal durante la gestión de Alberto Fernández. Según remarcó, en aquella oportunidad tampoco se brindaron explicaciones públicas ni se generó una controversia similar.
El titular de la cartera de Justicia insistió además en que el cargo para el cual fue propuesta Michelli aún no está en condiciones de ser ocupado debido a que el tribunal no fue habilitado formalmente. Explicó que todavía resta una serie de pasos administrativos y presupuestarios que involucran tanto a la Corte Suprema como al Consejo de la Magistratura, incluyendo la búsqueda de un edificio adecuado, la incorporación de equipamiento tecnológico y la asignación de recursos humanos.
Más allá de la discusión puntual, Mahiques defendió la reciente aprobación de 74 pliegos judiciales por parte del Senado y consideró que se trata de una medida clave para reducir las vacantes existentes en el Poder Judicial. Según indicó, el sistema llegó a registrar cerca de un 37% de cargos sin cubrir, una situación que calificó como una crisis institucional sin precedentes.
“Necesitamos una justicia más ágil, más cercana a la gente y con recursos suficientes. Para eso es indispensable contar con magistrados”, afirmó.
Entre los nombramientos aprobados figuran jueces destinados a cubrir vacantes históricas en la Cámara Civil de la Ciudad de Buenos Aires y en la Cámara Criminal porteña, donde algunos pliegos permanecían pendientes desde hacía ocho años. Mahiques destacó que muchas de las ternas tratadas fueron elaboradas por administraciones anteriores y por el Consejo de la Magistratura, lo que demuestra la complejidad y lentitud del proceso de selección.
De cara a los próximos meses, el Gobierno prevé enviar al Senado una nueva tanda de entre 50 y 60 pliegos, con la intención de superar las 200 designaciones judiciales. El objetivo oficial es avanzar especialmente en la cobertura de vacantes en tribunales federales y cámaras del interior del país, mientras que la renovación de la Corte Suprema no aparece entre las prioridades inmediatas de la gestión de Milei. Según Mahiques, la urgencia actual pasa por fortalecer los tribunales inferiores para mejorar el funcionamiento cotidiano de la Justicia.
