La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de impedir que avance el decomiso de bienes que hoy figuran a nombre de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de la causa Vialidad, expediente por el que fue condenada. La presentación llegó después de que las instancias previas rechazaran los planteos de la defensa y confirmaran la ejecución patrimonial.
El planteo apunta específicamente a bloquear la ejecución sobre 19 inmuebles ubicados en la provincia de Santa Cruz, propiedades que habían sido transferidas a sus hijos por Néstor Kirchner y por la propia ex mandataria, activos que quedaron incluidos dentro del listado que la Justicia considera alcanzado por el decomiso vinculado a la condena en Vialidad. La defensa intenta ahora que la Corte revise ese criterio y deje sin efecto la decisión adoptada por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) y luego convalidada por la Cámara Federal de Casación Penal.
En su presentación, Cristina sostuvo que la medida judicial avanza sobre bienes que, según su postura, no fueron probados como producto ni provecho del delito investigado. En el escrito, la defensa afirmó que “no se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado”, y remarcó que esas propiedades habrían sido adquiridas “a título oneroso”, con activos de origen legal y mediante operaciones legítimas. El argumento central de la ex presidenta es que la Justicia extendió el decomiso más allá de lo que, a su entender, permite la ley, afectando activos lícitos y lesionando garantías vinculadas al derecho de propiedad.
Qué dice la Justicia
La posición del TOF 2 y de Casación va en sentido contrario. El tribunal oral había incorporado esos inmuebles al conjunto de bienes a recuperar al considerar que fueron adquiridos por las personas condenadas dentro del período temporal investigado en la causa. Más tarde, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó esa línea y dejó asentado un criterio especialmente sensible para este caso: que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados incluso cuando fueron transferidos a terceros o heredados, siempre que hayan sido recibidos a título gratuito.
En esa resolución, los jueces remarcaron que el decomiso puede alcanzar bienes en poder de personas no condenadas si esos activos provienen del delito y llegaron a sus titulares, incluso, por vía hereditaria.
La discusión no es menor porque se inscribe dentro de una ejecución patrimonial de gran escala. La sentencia en la causa Vialidad fijó un recupero superior a los 684.000 millones de pesos, una cifra actualizada que habilita a la Justicia a tasar, administrar y eventualmente rematar propiedades para concretar el resarcimiento al Estado.
La postura de la defensa de Cristina Kirchner
Desde la óptica de la defensa, el problema jurídico de fondo está en que Máximo y Florencia Kirchner no fueron condenados en la causa, por lo que consideran que avanzar sobre inmuebles hoy inscriptos a su nombre implica vulnerar principios básicos como el de inocencia, legalidad y propiedad. La postura oficial del expediente, en cambio, es que el origen y la transferencia de esos bienes permiten incluirlos dentro del proceso de recupero patrimonial, aun cuando actualmente figuren en manos de terceros no condenados.
Esa tensión entre el alcance del decomiso penal y la protección del derecho de propiedad de herederos o cesionarios es, justamente, lo que ahora deberá evaluar la Corte Suprema si decide abrir la queja y revisar el asunto.
Con esta presentación, Cristina Kirchner agotó la última vía judicial disponible para intentar frenar el desapoderamiento de esos bienes familiares. El expediente llega al máximo tribunal en un momento en que la causa Vialidad ya entró de lleno en su fase de ejecución, con decisiones patrimoniales concretas y con un criterio judicial cada vez más firme respecto del decomiso de activos transferidos o heredados.
