El Tribunal Oral Federal Nro. 4 condenó este lunes a Julio De Vido, José López y Néstor Ulloa por los delitos de cohecho activo (cobro de coimas) y de administración fraudulenta en el marco del caso de la empresa constructora Skanska y pidió que sean condenados a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Con este veredicto, De Vido sumó la quinta condena por hechos de corrupción, que se agregan a los 4 años por la compra de los Trenes Chatarra; los 4 años por sobreprecios en la importación de GNL; los 3 años en suspenso por la casa Odebrecht, y los 4 años confirmados por la Corte Suprema en Tragedia de Once, por la que cumple arresto domiciliario en su casa de Zárate.
El tribunal consideró probado que tanto De Vido como López cobraron coimas en el proceso para la ampliación de dos gasoductos. Asimismo, se dictaron penas para ex directivos de la firma sueca y otros intermediarios. De los 30 acusados que llegaron a la instancia del juicio oral iniciado en el año 2024, 17 personas resultaron absueltas.
Además, todos los imputados fueron inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos, tal como lo había solicitado el fiscal federal Abel Córdoba.
El tribunal de Comodoro Py, integrado por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez, informó la sentencia a los exfuncionarios, quienes la escucharon de manera virtual desde sus lugares de detención.
Piden pena máxima para Julio De Vido por la causa “Sueños Compartidos”
Días atrás, el fiscal Diego Velasco solicitara las penas máximas previstas para los principales acusados por el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.
Durante una extensa exposición de más de diez horas ante el Tribunal Oral Federal N° 5, el representante del Ministerio Público pidió condenas de seis años de prisión para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; el exsubsecretario Abel Fatala; y los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender.
La acusación sostiene que los imputados participaron de una maniobra de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional mediante el manejo de recursos asignados al programa Sueños Compartidos, que tenía como objetivo la construcción de viviendas sociales en distintos puntos del país. Además de las penas de prisión, la fiscalía requirió el decomiso de bienes por una suma millonaria y también solicitó condenas de cuatro años para otros cuatro acusados vinculados al expediente.
