El Gobierno confirmó que las discusiones sobre la Corte Suprema de Justicia y la Procuración General de la Nación no formarán parte de la agenda inmediata. La postura responde a la exigencia constitucional de alcanzar dos tercios de los senadores presentes, un requisito agravado que contrasta con la mayoría simple requerida para los tribunales de menor jerarquía.
Este escenario ratificó lo expresado públicamente por el presidente Javier Milei sobre el margen de negociación política en la Cámara alta: “A los que necesitan mayorías calificadas, no. No voy a negociar con el kirchnerismo”, sostuvo el jefe de Estado en marzo al ser consultado por la Corte y la Procuración.
Actualmente, el máximo tribunal funciona únicamente con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti tras los rechazos a las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Por su parte, la Procuración General continúa bajo la conducción interina de Eduardo Casal desde 2017.
La estrategia coordinada por el Ministerio de Justicia apunta a canalizar los acuerdos con gobernadores y bloques aliados hacia los cargos de primera instancia y cámaras de apelación. Dentro del paquete enviado al Senado, la Casa Rosada prioriza la consolidación de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Federal de la Capital Federal.
A la par de estos expedientes, el Ejecutivo prepara el envío de candidatos para cubrir juzgados electorales en distintos distritos del país y reconoció el peso institucional que ejercen estas estructuras en la dinámica política regional.
El esquema de nombramientos se complementa con un proyecto redactado por el Ministerio de Justicia para achicar el organigrama existente. La iniciativa prevé reducir de 12 a 8 los juzgados de primera instancia en Comodoro Py y disminuir de 13 a 9 las vocalías en la Cámara Federal de Casación Penal, además de suprimir vacantes en la Justicia Nacional.
El objetivo del oficialismo es avanzar con la reorganización del mapa judicial antes de cubrir cargos considerados innecesarios a los fines de separar la negociación técnica de los tribunales inferiores de la discusión política por los dos tercios en el máximo tribunal.
