El juez federal Ariel Lijo le concedió una prórroga de 15 días a Manuel Adorni para que presente las explicaciones y documentación sobre el origen de su patrimonio, en el marco de la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El plazo original vencía este miércoles 26 de agosto.
La decisión fue tomada luego de un pedido de la defensa del exjefe de Gabinete, encabezada por el abogado Matías Ledesma, quien argumentó que todavía no había podido acceder a todos los archivos y documentos utilizados por el fiscal Gerardo Pollicita para elaborar el requerimiento patrimonial.
Ledesma había solicitado suspender el plazo hasta obtener las copias de los archivos de una extracción forense y, posteriormente, contar con 15 días adicionales para preparar la respuesta. Lijo rechazó la suspensión, pero aceptó otorgar la prórroga una vez vencido el plazo original.
Además, el magistrado autorizó a la defensa a obtener copias de los archivos mencionados en el expediente, en resguardo del derecho de defensa de Adorni. La diligencia estará a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales.
Las dudas de la fiscalía sobre el patrimonio de Adorni
El fiscal Gerardo Pollicita había presentado un dictamen de 207 páginas en el que planteó 20 puntos que Adorni debe explicar. La investigación analiza la evolución de su patrimonio y el de su esposa, Bettina Angeletti, durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, cuando el exfuncionario dejó su cargo.
Entre los principales interrogantes aparece el origen de dólares en efectivo declarados como producto de una “venta de activos”. La fiscalía pidió que se identifiquen los bienes vendidos, los compradores y la documentación que respalde esas operaciones.
También solicitó explicaciones sobre supuestos préstamos familiares, el dinero utilizado para comprar un Jeep y los fondos destinados a la compra y remodelación de una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Otro de los puntos bajo análisis son las operaciones con criptomonedas que, según la investigación, no habrían sido declaradas ante la Oficina Anticorrupción. También se revisan consumos realizados con tarjetas de crédito de terceros y distintos movimientos de dinero.
Una diferencia de más de $43 millones
Uno de los principales puntos señalados por la fiscalía es la diferencia entre los ingresos y los gastos del grupo familiar.
Según el dictamen, la fiscalía pudo acreditar ingresos por $229,7 millones durante el período investigado, mientras que los gastos alcanzaron los $272,8 millones. De esta manera, quedó una diferencia de $43.068.549 que, hasta el momento, no tendría una explicación suficiente.
Además, Pollicita señaló unos US$ 402.578,12 vinculados con operaciones relacionadas con inmuebles, refacciones y mobiliario cuyo origen, según la fiscalía, todavía no estaría corroborado. Entre esos movimientos aparecen gastos relacionados con la propiedad de Indio Cuá y otros bienes.
Qué podría suceder con Adorni
La presentación que ahora deberá realizar Adorni constituye una instancia previa a una eventual declaración indagatoria. Una vez que la defensa entregue sus explicaciones, el fiscal Pollicita deberá evaluar si considera suficiente la documentación presentada.
Si las respuestas no logran justificar las diferencias detectadas, la fiscalía podría solicitar que el exjefe de Gabinete sea citado a indagatoria. La decisión de convocarlo, en ese caso, quedará en manos del juez Lijo.
