El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, envió a la Legislatura un proyecto de reforma integral del Código Contravencional para endurecer penas, sumar faltas y agravar la reincidencia. La iniciativa modifica el Código Contravencional (Ley 1.472) y la Ley de Procedimiento Contravencional (Ley 12), con aumentos en multas, trabajo de utilidad pública y días de arresto, además de nuevas herramientas para asegurar el cumplimiento de las sanciones.
Entre los cambios previstos, el proyecto establece multas de más de $7 millones por conducir alcoholizado, sanciones de hasta $58 millones por venta ilegal en el espacio público y hasta 90 días de arresto para trapitos reincidentes.
También incorpora nuevas contravenciones, como seguimiento o acecho en la vía pública; obtención de claves o credenciales mediante engaños digitales; organización de compraventa informal masiva en el espacio público; comercialización de datos personales, portación de dispositivos de interferencia de señales y manipulación fraudulenta de sistemas de cobro o transporte público.
“Al delincuente menor de edad que rompe la ley sabiendo que no va a tener consecuencias; al que acosa, sigue o acecha a una persona en la calle; al estafador que se hace pasar por un banco para engañar a alguien y robarle sus datos; al puntero que financia agrupaciones violentas; al delincuente que lleva una bomba molotov a una manifestación: a todos ellos, bajo mi gestión, se les terminó la impunidad”, sostuvo Macri.
El jefe de Gobierno añadió: “No hay Ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla frente a las mafias y los violentos”. Con este nuevo Código que presentamos endurecemos las penas, agravamos la reincidencia y hacemos que el que rompe la ley pague las consecuencias de sus actos, afirmó.
Para los ruidos molestos, como música a alto volumen en espacios comunes de edificios, las tareas de utilidad pública pasarían del rango actual de 1 a 5 días a uno de 3 a 15 días; las multas llegarían a 600 UF, equivalentes a $703.848, y se agregaría la posibilidad de hasta 10 días de arresto.
En el caso de la conducción con alcohol, la sanción prevista sería una multa de 1.000 a 6.000 UF (más de $7 millones), con arresto de 5 a 30 días e inhabilitación de la licencia de 6 meses a 4 años.
Para las actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, como la venta ilegal, las multas podrían alcanzar 50.000 UF (equivalentes a $58.654.000), frente al máximo actual menor a $15 millones.
El proyecto también sanciona la suplantación de identidad de agentes de autoridad en espacios públicos, el financiamiento de contravenciones reiteradas o de agrupaciones contraventoras, la portación o distribución de materiales aptos para disturbios y el entorpecimiento de sistemas de videovigilancia pública.
La reforma suprime la condena en suspenso y, para adultos, excluye la suspensión del proceso a prueba como solución alternativa, aunque mantiene el plazo general de prescripción de la acción en dos años.
Respecto de la reincidencia, el texto agrava las sanciones y crea un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público. Además, establece aumentos de pena del 50% para la primera reincidencia, del 66,6% para la segunda y del 100% para la tercera.
La iniciativa también alcanza a adolescentes de 14 a 17 años, con un régimen diferenciado que no replica el esquema de adultos y apunta a la responsabilidad, la educación, la integración social y el interés del adolescente, según el proyecto.
Para ese grupo se prevén medidas como amonestación formal, acompañamiento de equipos interdisciplinarios, programas educativos, continuidad escolar, capacitación laboral, reparación del daño y tareas de utilidad pública adecuadas a la edad y las aptitudes.
