Más de 70 vacantes para ocupar cargos claves fueron aprobadas en la comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, entre las cuales se encuentran el juzgado federal electoral de Santa Fe y cinco cargos en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, además de cargos en el fuero federal La Plata, el de familia y el de la seguridad social.
Así se desprende de un relevamiento hecho entre las ternas votadas en las últimas reuniones de la comisión de Selección, que encabeza la abogada Fernanda Vázquez, y que integran los diputados Gonzalo Gabriel Roca y Vanesa Siley, los jueces Diego Barroetaveña, Alberto Lugones y Alejandra Provítola, los abogados, Alberto Maques, Jimena De la Torre y Cesar Grau, los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit; y el representante del Poder Ejecutivo Santiago Viola.
La noticia se conoce cuando ya está todo encaminado para la renovación de consejeros del organismo que selecciona y controla a los jueces. Este jueves, la Corte Suprema les tomará juramento a los elegidos para representar a los jueces y en las últimas horas ya llegó la notificación para hacer lo propio con los encargados por el estamento de los abogados. Se aguarda además definiciones sobre designados por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El próximo Consejo comenzará a funcionar el próximo 18 de noviembre, encabezado por Horacio Rosatti como presidente de la Corte Suprema de Justicia.
La comisión de Selección aprobó en las últimas reuniones un total de 71 ternas que involucran a 296 personas (hay concursos en donde se definen varias vacantes). Algunos de esos cargos están pendientes desde hace años: el más antiguo se inició hace siete años (octubre de 2019) y define tres puestos en las salas I, II y III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
Otro de los concursos más postergados, desde abril del 2020, busca resolver dos vacantes de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal, uno en la Sala III y otro en la Sala V. Pero hay otro concurso abierto en 2024 al que se sumaron otras tres sillas en las salas I, III y V.
Además, fueron aprobadas las ternas para ocupar juzgados federales en todo el país: el juzgado 1 de Santa Fe, con competencia electoral; el 3 de Morón, el 1 de Tartagal y el 1 de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y dos en la provincia de Córdoba por las jurisdicciones de Villa María y de San Francisco.
A esa lista se suman las definiciones para distintas Cámara Federales del país. La comisión aprobó ternas para tres vacantes de la Cámara de Apelaciones de La Plata; para dos vacantes de la Cámara Federal de Rosario (Salas A y B), para un cargo en la Cámara de Comodoro Rivadavia (Chubut) y otro en la Cámara de Posadas (Misiones). También se aprobaron ternas para una vacante en Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico (Sala A), que hasta septiembre pasado contó con solo dos integrantes cuando se concretó la jura de dos nuevos jueces.
En otro orden, los consejeros también aprobaron postulantes para ternas en distintos tribunales orales: tres vacantes para el Tribunal Oral Federal de Corrientes, para dos en los Tribunales Orales de La Plata (el 1 y 2); para tres vacantes en los Tribunales Orales en Salta (2 cargos para el TOF 1 y 1 cargo para el TOF º 2); para un cargo en el Tribunal Oral de Tucumán y otro para el Tribunal Oral de La Pampa. Además, se votaron ternas para dos cargos en tribunales Orales en lo Penal Económico N.º 2 y N.º 3 de la Capital Federal.
En materia de seguridad social, uno de los fueros más demandados por reclamos jubilatorios, la comisión aprobó ternas para cuatro vacantes de primera instancia.
Por último, la comisión aprobó ternas para cubrir 16 cargos en los juzgados nacionales de primera instancia en lo civil (concursos de 2021 y 2024) y diez cargos en juzgados nacionales de familia (algunos en concursos anticipados). Por concursos anticipados también se integraron ternas para cuatro juzgados en lo nacional comerciales y para ocho juzgados del fuero nacional en lo criminal y correccional. La lista se completa con dos cargos para juzgados de ejecución penal, encargados de controlar que condenados por distintos delitos comunes cumplan con esas sanciones.
