El Gobierno aclaró que dará marcha atrás con la iniciativa dispuesta en la “Ley de Competitividad Financiera”, la cual buscaba cobrar el Impuesto a las Ganancias a aquellas personas que invirtieran en los instrumentos CEDEARs.
La controversia surgió tras la presentación de la ley ómnibus que ingresó en la Cámara de Diputados. Con la firma de Javier Milei, los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el proyecto busca “modificar diversos cuerpos normativos con la finalidad de eliminar restricciones injustificadas que obstaculizan el acceso y el ejercicio de actividades económicas y profesionales, promover la libre competencia y el funcionamiento eficiente de los mercados, y profundizar en el camino de fortalecer la seguridad jurídica y la libertad económica”.
Las dudas se originaron a partir de un apartado que estipulaba que los CEDEARs empezaran a tributar Ganancias como si se hubiera comprado la acción extranjera directamente. El objetivo de esto era evitar que el ahorro local se fuera a activos externos con exenciones fiscales.
Ante esto, el asesor del ministro de Economía y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez, aclaró en sus redes que la iniciativa será cajoneada y confirmó que se retirará del proyecto de ley.
“Alan querido, quedó de un borrador viejo. ¡Se va a retirar!”, indicó en un posteo de su cuenta oficial de X.
El proyecto
La iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger ya fue girada a las comisiones de Legislación General (cabecera), Pequeñas y Medianas Empresas, Finanzas y Presupuesto y Hacienda.
La nueva ley ómnibus contiene más de 225 artículos e incluye modificaciones a Ganancias, al Código Civil y Comercial, a la Ley de Mercado de Capitales, al régimen de Prenda con Registro, a los Certificados de Depósito a Plazo Fijo, a la Ley del Cheque, a la Ley de Tarjetas de Crédito, a la Ley de Warrants y a la Ley de Financiamiento Productivo, entre otras normas.
Una de las reformas más salientes tiene que ver con que, por primera vez, se reconoce que todo valor negociable puede emitirse, registrarse y negociarse en blockchain; es decir, se acepta la “tokenización” con validez legal plena.
