La fiscal federal Paloma Ochoa pidió abrir una investigación penal para determinar si funcionarios del Gobierno argentino utilizaron recursos del Estado para facilitar la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos. La causa está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y se inició por una denuncia contra Javier Milei y otros integrantes del Poder Ejecutivo.
El requerimiento fue presentado ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien ya intervenía en las actuaciones preliminares por la posible participación de funcionarios nacionales en el traslado del dirigente brasileño. Por el momento, ningún funcionario fue imputado y la fiscal busca determinar si se destinaron recursos del Estado argentino para favorecer el viaje de Bolsonaro y si las autoridades nacionales conocían las restricciones judiciales que pesaban sobre él en Brasil.
La presentación representa un nuevo avance en un expediente que se originó a partir de una denuncia del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano, quien acusó a Milei y a otros integrantes del Poder Ejecutivo por presunto encubrimiento.
Qué investiga la Justicia sobre la fuga de Flávio Bolsonaro
El pedido de Ochoa se produjo después de que la fiscal solicitara información a distintos organismos públicos para reconstruir el recorrido de Bolsonaro durante su paso por la Argentina.
El objetivo es establecer qué controles se realizaron, qué información tenían las autoridades sobre su situación judicial y si existió algún tipo de asistencia oficial para concretar su salida hacia Estados Unidos.
El 29 de octubre, Capuchetti había ordenado una serie de medidas preliminares y requerido información a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Cancillería.
Los organismos deben informar qué procedimientos se aplicaron durante el ingreso y la salida del dirigente brasileño, y si el Gobierno había recibido comunicaciones sobre las restricciones que le había impuesto la Justicia de su país.
Además, la investigación contempla el análisis de registros de seguridad para reconstruir los movimientos de Bolsonaro durante su permanencia en territorio argentino.
Las otras denuncias judiciales por la salida de Bolsonaro
La salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos también derivó en otras presentaciones judiciales contra funcionarios del Gobierno argentino. Además de la denuncia de Gabriel Solano, el diputado nacional Esteban Paulón impulsó otra presentación para que se investigaran las posibles responsabilidades de las autoridades nacionales. Inicialmente, el expediente fue asignado al juzgado federal de Daniel Rafecas.
En paralelo, la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú por las circunstancias en las que el dirigente brasileño atravesó la frontera entre la Argentina y Brasil. En esa investigación, el fiscal federal Fabián Martínez había solicitado informes sobre los controles migratorios, los registros de pasajeros y el vuelo privado que trasladó a Bolsonaro y a su familia hacia Estados Unidos.
También pidió preservar las imágenes de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú. Sin embargo, la causa tramitada en Misiones fue desestimada después de que el fiscal considerara que no se había configurado un delito durante el tránsito del dirigente brasileño. Esa decisión no implicó el cierre de la investigación que continúa en los tribunales de Comodoro Py.
Cómo fue la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos
El 27 de octubre, Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina a las 22.50 junto con su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas, Carolina y Luiza.
La familia cruzó por tierra el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú. Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, los cuatro presentaron documentación válida y no registraban impedimentos legales para ingresar al país.
A las 23.30, abordaron un avión privado de la empresa Baires Fly que partió durante la madrugada siguiente rumbo a Guayaquil, Ecuador, antes de continuar el viaje hacia Miami, Estados Unidos.
La salida se produjo después de que el juez brasileño Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, ordenara que Bolsonaro entregara sus pasaportes y le prohibiera abandonar Brasil en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
Qué dijo el gobierno de Milei sobre la salida de Bolsonaro
Desde que se conoció el recorrido del dirigente brasileño, el Gobierno argentino negó haber colaborado de manera irregular para facilitar su traslado hacia Estados Unidos. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió el procedimiento migratorio y sostuvo que Bolsonaro había ingresado al país con la documentación correspondiente.
Además, argumentó que no existían alertas de Interpol que obligaran a las autoridades argentinas a impedir su ingreso o su posterior salida del territorio nacional.
Ahora la Justicia busca determinar si más allá de los controles migratorios, existió una intervención de funcionarios argentinos o el uso de fondos públicos para facilitar el traslado. La investigación deberá establecer si hubo alguna irregularidad y si corresponde atribuir responsabilidades penales a integrantes del Poder Ejecutivo.
