El Tribunal Internacional del Derecho del Mar prevé anunciar el 28 de noviembre su decisión sobre las medidas cautelares pedidas por Argentina para impedir el inicio de proyectos de explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas por parte de empresas que recibieron licencias del Reino Unido.
“La fecha para la lectura de la providencia en este asunto queda fijada provisionalmente para el sábado 28 de noviembre de 2026 al mediodía”, dijo el presidente del TIDM, el camerunés Maurice K. Kamaga tras concluir las vistas orales de dos días de duración en las que Argentina y el Reino Unido expusieron sus argumentos a favor y en contra de las medidas provisionales.
Qué pide la Argentina
Argentina ha pedido al TIDM cuatro medidas cautelares para impedir el inicio o la continuación de la explotación de los recursos de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de las Malvinas a través del proyecto Sea Lion, cuyas perforaciones están previstas para marzo de 2027 y su explotación un año después.
También exige que el Reino Unido se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa en detrimento de los derechos de la República Argentina.
Asimismo, solicita que Londres cese “en toda conducta” que impida a la Argentina cumplir con las obligaciones bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de “proteger y preservar el medio marino de las áreas marítimas objeto de la controversia sobre la soberanía de las islas Malvinas”.
Además, pide al TIDM que dictamine que el Reino Unido se abstenga “de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia”, en particular, de otorgar nuevos permisos para la explotación de los recursos de la plataforma continental.
Argentina argumenta la urgencia de su solicitud con los perjuicios a los que, en su opinión, se expone el país si en marzo de 2027 comienzan las perforaciones porque constituiría un “hecho consumado” o fait accompli “irreversible”.
El proyecto de explotación, cuya decisión de inversión definitiva fue aprobada en 2025 y que será ejecutado por la petrolera israelí Navitas (65 %) y la británica Rockhopper (35 %), no consiste solo en encontrar petróleo, sino en extraerlo mediante hasta 26 pozos y un sistema integral de producción instalado en el lecho marino, diseñado para extraer más de 300 millones de barriles durante un período de 30 años, según alegó en Hamburgo la delegación argentina.
Además argumenta que, al igual que la soberanía territorial de las islas Malvinas es objeto de controversia, “lo mismo ocurre con los espacios marítimos” del archipiélago.
Asimismo, se alegó que el archipiélago sigue figurando en la lista de territorios no autónomos de la ONU pendientes de descolonización.
El argumento británico
El Reino Unido por su parte, afirma “no hay duda” sobre su soberanía de las islas y que el TIDM no es competente para dirimir en un asunto que versa sobre la soberanía territorial.
La fiscal general del Reino Unido, Ellie Reeves, argumentó que, mediante las medidas cautelares pedidas al TIDM, Argentina “pretende instrumentalizar la CONVEMAR y a la corte para su causa”.
Además alega que la delegación argentina no ha demostrado de forma “plausible” la urgencia de medidas provisionales, ya que “no habrá ninguna perforación hasta marzo de 2027” y no habrá más licencias en el futuro porque el régimen de concesión está suspendido.
