La senadora nacional y presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguró que el Senado está listo para tratar la nueva Ley de Discapacidad, cuyo debate está previsto para el próximo 19 de noviembre. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados y dictamen de mayoría en la Cámara Alta, busca garantizar prestaciones médicas, regular las pensiones no contributivas y establecer mecanismos de financiamiento para el sector.
A través de su cuenta oficial de Twitter, Bullrich confirmó que existen condiciones parlamentarias para avanzar con la iniciativa que obtuvo dictamen el pasado 4 de noviembre. “Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, expresó.
En la misma publicación, agregó: “Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”. Sus declaraciones un día después del cierre de la gira del Papa León XIV en Argentina, donde el Sumo Pontífice se refirió a la importancia de la inclusión y la atención de las personas con discapacidad.
Bullrich consiguió el respaldo de bloques aliados y sectores de la oposición para mantener el texto aprobado por Diputados pese a los intentos de la Casa Rosada de introducir modificaciones.
Qué establece la nueva Ley de Discapacidad y a quiénes beneficiaría
El proyecto contempla cambios que afectarían directamente a los titulares de pensiones no contributivas por discapacidad y a las personas que reciben prestaciones sanitarias a través de programas nacionales.
Entre sus principales disposiciones se encuentran:
- Pensiones y empleo: ratifica la compatibilidad de la pensión no contributiva por discapacidad con el trabajo formal.
- Prestaciones sociales: permite compatibilizar la pensión con otros beneficios contemplados en el proyecto.
- Cobertura médica: garantiza la continuidad del programa Incluir Salud, incluso si cambia su denominación.
- Suspensión de beneficios: establece una notificación fehaciente y un plazo de 60 días para presentar un descargo.
- Participación federal: incorpora al Consejo Federal de Discapacidad en el diseño de futuras políticas públicas.
La iniciativa también prevé partidas presupuestarias específicas para sostener las prestaciones y establece que el financiamiento no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior. Estas disposiciones todavía no constituyen cambios vigentes, ya que dependen de la aprobación definitiva del proyecto y de su posterior promulgación.
