Promesas de inversión a través del RIGI: podrían ingresar cerca de USD78.000 millones
El RIGI comienza a perfilarse como una herramienta clave para atraer capitales y fortalecer la estabilidad económica, aunque su impacto en el empleo y la industria aún es incipiente y plantea desafíos para lograr un desarrollo federal equilibrado.
A casi dos años de su aprobación en el Congreso, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) empieza a mostrar sus primeros efectos y a consolidarse como uno de los pilares de la estrategia económica a fin de atraer inversiones y divisas y contribuir a la estabilidad en la Argentina.
El RIGI está diseñado para mejorar la competitividad frente a países como Perú y Chile y el esquema ya acumula promesas de inversión cercanas a los 78.000 millones de dólares que corresponden principalmente a los sectores de la energía y mineros.
Cabe recordar que el régimen fue reglamentado en agosto de 2024 como parte de una política económica propia de la gestión del presidente Javier Milei. La misma busca reducir el riesgo regulatorio y ofrecer condiciones estables para los grandes inversores.
Uno de sus principales beneficios estriba en buscar la estabilidad fiscal por 30 años, además de incentivos impositivos y aduaneros, junto con el libre acceso a divisas y la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales ante eventuales cambios en las disposiciones o reglas de juego.
Las inversiones por USD78.000 millones en el RIGI
Según datos relevados por el consultor Juan José Carbajales, ya hay más de 17.600 millones de dólares en proyectos aprobados por el Ministerio de Economía, mientras que otros 46.000 millones están en trámite y cerca de 14.000 millones adicionales fueron anunciados, pero aún no formalizados.
Empero, el impacto en la economía real es todavía limitado, dado que no se observa un crecimiento significativo del empleo ni en la industria local asociada a estas inversiones.
Los desembolsos iniciales proyectados alcanzan al menos 5.600 millones de dólares entre 2025 y 2028, pero la ejecución total de los proyectos demandará entre 15 y 20 años.
El objetivo es claro y ambicioso, ya que pretende elevar las exportaciones de energía y minería hasta los 60.000 millones de dólares anuales a partir del 2030, lo que daría lugar a fortalecer la balanza comercial y reducir la volatilidad macroeconómica del país.
Entre los proyectos más avanzados se destaca el desarrollo de Gas Natural Licuado (GNL) liderado por el consorcio Southern Energy, con una inversión de 6.878 millones de dólares. Esta iniciativa, que incluye la participación de empresas como YPF, busca instalar buques de licuefacción en Río Negro y posicionar a la Argentina como proveedor global de energía.
Otro proyecto clave es el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), con una inversión cercana a los 2.900 millones de dólares, destinado a ampliar la capacidad de transporte y exportación de petróleo desde la cuenca neuquina. Su importancia radica en el potencial de generación de divisas, estimado en unos 45 millones de dólares diarios una vez operativo.
En el sector minero, el litio y el cobre lideran las inversiones. Empresas como Rio Tinto y McEwen Copper impulsan proyectos millonarios en Salta y San Juan, mientras que otros desarrollos de gran escala, como el consorcio Vicuña, prometen inversiones históricas en la extracción de minerales estratégicos.
A pesar del volumen de anuncios, muchos proyectos aún no cuentan con financiamiento asegurado ni decisión final de inversión, lo que introduce cautela sobre los plazos reales de ejecución.
Por todo esto, provincias como Río Negro, Neuquén, San Juan, Salta y Catamarca concentran los beneficios iniciales. Por supuesto, el reto pasa por construir una cadena de valor que impulse el desarrollo federal equilibrado y el RIGI se presenta como una herramienta clave para los próximos años.
