
La norma impulsada durante la presidencia de Nicolás Avellaneda ofrecía alojamiento, trabajo y traslado a quienes llegaban desde el exterior. El ambicioso proyecto buscaba ocupar el territorio y conseguir mano de obra, pero terminó cambiando para siempre la identidad argentina.
Durante la segunda mitad del siglo XIX, Argentina tenía un territorio enorme y una población relativamente pequeña. El primer censo nacional, realizado en 1869, registró solamente 1.877.490 habitantes, aunque la población de varias regiones que todavía no estaban bajo el control efectivo del Estado tuvo que ser estimada.
Para los gobernantes de la época, la falta de habitantes representaba un problema. El país necesitaba trabajadores para cultivar la tierra, construir ferrocarriles, ampliar los puertos y fundar nuevas colonias.
La respuesta fue una política migratoria que alcanzaría dimensiones extraordinarias. El 6 de octubre de 1876, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, el Congreso sancionó la Ley 817 de Inmigración y Colonización, promulgada pocos días después.
La ley que ofrecía alojamiento, empleo y transporte
La denominada Ley Avellaneda creó el Departamento General de Inmigración, dependiente del Ministerio del Interior. Su tarea consistía en promocionar el país en el exterior, controlar las condiciones de los barcos, recibir a los pasajeros y ayudarlos a encontrar trabajo.
Los inmigrantes podían acceder a alojamiento y manutención durante sus primeros días, asistencia laboral y traslado gratuito hasta el lugar donde decidieran instalarse. También podían ingresar sin pagar impuestos distintas pertenencias, herramientas e instrumentos agrícolas.

La norma consideraba inmigrante a todo extranjero jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor, menor de 60 años, que llegara con la intención de establecerse. Además, autorizaba la designación de agentes en Europa y América para difundir las oportunidades que ofrecía Argentina.
El objetivo era claro: llevar trabajadores al interior y promover la colonización agrícola. Sin embargo, numerosos recién llegados no lograron convertirse en propietarios rurales y permanecieron en las grandes ciudades.
Llegaron alrededor de seis millones de europeos
La ley coincidió con una etapa marcada por las crisis económicas, la pobreza y los conflictos políticos en diferentes regiones europeas. Mientras tanto, Argentina atravesaba una expansión relacionada con la producción agropecuaria, el ferrocarril y el comercio exterior.
Entre 1860 y 1930 llegaron alrededor de seis millones de europeos, aunque aproximadamente la mitad se radicó definitivamente. Por su magnitud, este proceso sería conocido como la Gran Inmigración.

Italianos y españoles conformaron los grupos más numerosos, pero también llegaron franceses, británicos, alemanes, polacos, rusos, irlandeses, armenios, sirios y libaneses.
El impacto fue tan profundo que, según el censo de 1914, una de cada tres personas que vivían en Argentina había nacido en el extranjero. El país alcanzó así una de las proporciones de población extranjera más elevadas del mundo.
La promesa de la tierra que no todos alcanzaron
Aunque el plan oficial pretendía instalar familias en colonias agrícolas, el acceso a la tierra no resultó sencillo. La concentración de grandes extensiones en pocas manos y los costos de instalación dejaron a muchos inmigrantes fuera de la propiedad rural.
Algunos trabajaron como arrendatarios o peones, mientras que otros se emplearon como albañiles, artesanos, obreros portuarios y trabajadores ferroviarios. Muchos se instalaron en Buenos Aires, Rosario y otras ciudades, donde la creciente demanda laboral aceleró la urbanización.

Las condiciones de vida tampoco siempre fueron favorables. Numerosas familias terminaron viviendo en conventillos, compartiendo patios, cocinas y habitaciones. A pesar de esas dificultades, las comunidades fundaron escuelas, bibliotecas, hospitales, periódicos, cooperativas y sociedades de socorros mutuos.
El plan que transformó la identidad argentina
La inmigración masiva cambió la alimentación, la música, el lenguaje, los oficios y la organización de los barrios. También impulsó el movimiento obrero, ya que algunos inmigrantes llevaron ideas socialistas y anarquistas y participaron en los primeros sindicatos.
El proceso tuvo, además, profundas contradicciones. Mientras el Estado promovía la llegada de europeos, los sectores dirigentes llamaban “desierto” a territorios habitados por pueblos originarios y desconocían la presencia de comunidades preexistentes.
La ley de 1876 fue creada para conseguir trabajadores y poblar el territorio, pero su consecuencia fue mucho mayor. Los apellidos, las recetas familiares, los clubes, los comercios y muchas expresiones cotidianas todavía conservan las huellas de aquellos barcos.
Casi 150 años después, la Gran Inmigración continúa presente en la historia de millones de familias argentinas.



















