La Comisión Europea impuso este jueves una multa total de 890 millones de euros (unos 1.015 millones de dólares) a Google por violar la Ley de Mercados Digitales (Digital Markets Act o DMA), una de las normas más importantes impulsadas por la Unión Europea para limitar el poder de las grandes plataformas tecnológicas y garantizar una competencia más equilibrada.
La sanción se divide en dos expedientes y obliga a la compañía a modificar sus prácticas comerciales en un plazo de 60 días. En caso de incumplimiento, Bruselas advirtió que podrá aplicar multas periódicas de hasta el 5% de la facturación anual global de la empresa.
Por qué la Unión Europea sancionó a Google
La primera multa, de 460 millones de euros, responde a que Google habría favorecido sistemáticamente sus propios servicios dentro de los resultados de búsqueda.
Según la Comisión Europea, la empresa otorgó una mayor visibilidad a plataformas como Google Shopping, su buscador de hoteles, servicios de transporte y resultados deportivos, ubicándolos en posiciones privilegiadas mediante elementos gráficos, filtros destacados y ubicaciones preferenciales, en detrimento de los servicios de la competencia.
Para Bruselas, esta conducta vulnera los principios de competencia establecidos por la DMA, que exige que las grandes plataformas digitales actúen de manera neutral y no utilicen su posición dominante para beneficiar sus propios productos.
La segunda multa apunta a Google Play
La segunda sanción asciende a 430 millones de euros y está relacionada con el funcionamiento de Google Play, la tienda oficial de aplicaciones para dispositivos Android.
La Comisión considera que Google impuso restricciones a los desarrolladores de aplicaciones al impedirles informar gratuitamente a los usuarios sobre alternativas más económicas disponibles fuera de Google Play, ya sea en sus propios sitios web o en otras tiendas de aplicaciones.
Aunque la DMA permite que Google cobre determinadas comisiones por los clientes obtenidos a través de su plataforma, Bruselas entiende que las condiciones y tasas aplicadas por la empresa resultan excesivas y limitan la libre competencia en el mercado digital. Como parte de la resolución, la tecnológica deberá modificar estas prácticas para permitir que los desarrolladores puedan comunicar ofertas externas y competir en igualdad de condiciones.
La DMA vuelve a poner límites a las grandes tecnológicas
Las autoridades europeas explicaron que estas multas son considerablemente menores que las sanciones antimonopolio impuestas en años anteriores. En 2018, Google recibió una multa récord de 4.343 millones de euros por prácticas vinculadas a Android, posteriormente reducida a 4.125 millones por la Justicia europea. Un año antes también había sido sancionada con 2.424 millones de euros por favorecer a Google Shopping.
En esta oportunidad, las multas corresponden exclusivamente al incumplimiento de la Ley de Mercados Digitales, vigente desde 2022, y abarcan un período relativamente corto, entre marzo de 2024 y diciembre de 2025. Además, las autoridades señalaron que Google ya comenzó a implementar algunos cambios, un factor que también influyó en el monto final.
La decisión puede tensar la relación con Estados Unidos
La sanción también tiene un fuerte componente político y comercial. Consultada sobre una posible reacción del presidente estadounidense Donald Trump, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, sostuvo que Bruselas tiene la obligación de aplicar las normas comunitarias con independencia de las presiones externas.
Desde Google rechazaron la decisión. Kent Walker, presidente de Asuntos Globales de Google y Alphabet, afirmó que la DMA “está perjudicando el funcionamiento de productos cotidianos” y aseguró que las exigencias europeas obligan a eliminar funciones muy valoradas por los usuarios, como la disponibilidad inmediata de precios de hoteles, vuelos y restaurantes, además de modificar mecanismos de seguridad de Google Play.
Para la compañía, las nuevas obligaciones no promueven una competencia más justa, sino que terminan deteriorando la calidad de los servicios ofrecidos a consumidores y empresas europeas.
