
El oficialismo reavivó la discusión sobre el acceso de no residentes a las arcas públicas, volvió a poner en primer plano la agenda migratoria y presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para arancelar tanto las atenciones médicas en hospitales públicos provinciales como los estudios de grado en universidades públicas a extranjeros que no posean residencia permanente en el país.
La iniciativa, sumada a un planteo similar que ya tramita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reabrió el contrapunto político sobre el financiamiento de los servicios esenciales y el alcance de las prestaciones estatales. El Gobierno opta por dejar la discusión en la órbita de los distritos dado que la salud es de competencia jurisdiccional y las universidades gozan de autonomía. Sin embargo, en los pasillos de Casa Rosada no descartan impulsar una reforma integral a la Ley de Migraciones en el Congreso.
Cabe resaltar que las estadísticas de gestión marcan una fuerte contraposición de posturas: mientras desde el Gobierno sostienen la premisa de que los contribuyentes locales no deben afrontar estos gastos, voces académicas y sanitarias señalan que el universo de pacientes e ingresantes extranjeros sin residencia definitiva representa un porcentaje minoritario sobre el total del sistema.

Arancelamiento de la salud y educación pública: las claves y alcances de las iniciativas del oficialismo
Arancelamiento en la Provincia de Buenos Aires
Ámbito de aplicación: cubre las prestaciones en hospitales públicos provinciales y las carreras de grado en universidades estatales dependientes del distrito bonaerense.
Mecanismo de cobro: los extranjeros sin residencia permanente deberán afrontar el costo de la atención o los estudios por sí mismos, a través de aseguradoras, seguros de salud privados o convenios con sus países de origen.
Garantía de urgencias: la propuesta especifica que en casos de emergencia o riesgo de vida no se podrá demorar ni rechazar la atención médica; el cobro de la prestación se tramitará una vez estabilizado el paciente.
Excepciones y destino de fondos: exime del pago a víctimas de trata de personas y acciones de salud pública preventiva. Los montos que se recauden serán destinados al Fondo Provincial de Salud (S.A.M.O.).
El esquema planteado para la Ciudad de Buenos Aires
Foco exclusivo en salud: a diferencia del proyecto bonaerense, la iniciativa porteña modifica la Ley Básica de Salud (Ley 153) y no abarca la educación superior.
Sistema de recupero: establece la exigencia de un seguro de salud o la implementación de un mecanismo de compensación económica para cubrir las atenciones programadas o habituales de no residentes, manteniendo la gratuidad irrestricta en la guardia ante emergencias.
La postura del Gobierno y la legislación vigente
Marco universitario: a pesar de que el decreto patrio de 2025 habilitó a las casas de altos estudios a cobrar aranceles a estudiantes no residentes, las universidades nacionales no implementaron la medida amparándose en su autonomía, por lo que se requeriría una ley del Congreso para modificar el cuadro actual.
Reforma migratoria en evaluación: en la Casa Rosada sostienen que para aplicar el cobro de forma homogénea en los centros de salud nacionales es indispensable una modificación a la Ley de Migraciones vigente, un planteo que el oficialismo evalúa llevar al Parlamento en los próximos meses.



















