Un empresario italiano ocultó durante diez años la muerte de su madre con el objetivo de cobrar su pensión y usar el dinero para financiar un negocio de venta de ropa deportiva en Treviso, al noreste de Italia. Ahora, enfrenta un juicio millonario.
La estafa del hombre de 50 años al Instituto Nacional de la Seguridad Social italiano (INPS) alcanzó los 248.000 euros (hoy casi 430 millones de pesos), suma acumulada entre 2016 y 2026 a través de una cuenta corriente compartida con la mujer fallecida.
Si bien la madre del acusado murió en 2016 a los 80 años, el INPS no recibió ninguna notificación del deceso y continuó transfiriendo la prestación a la cuenta conjunta cada mes. El hijo utilizó esa plata para pagarle a proveedores y cubrir gastos operativos de su empresa.
Según informó el medio Corriere del Veneto, el fraude se dio a conocer recientemente, cuando la Guardia di Finanza de Treviso detectó irregularidades contables en el negocio del empresario durante un análisis de bases de datos.
Fue gracias a la colaboración con el INPS que las autoridades establecieron el vínculo entre los ingresos de la empresa y las transferencias de la pensión. Ante el descubrimiento, el organismo previsional bloqueó la prestación y recuperó unos 18.000 euros que todavía permanecían en la cuenta bancaria de la mujer.
El empresario de 50 años le había ocultado al fisco la procedencia del dinero. Tras la investigación, el hombre fue enviado a juicio por los delitos de apropiación indebida y autorreciclaje (lavado o reinversión el dinero obtenido de sus propios delitos).
Ahora, deberá comparecer ante un juez, quien tendrá que decidir si ordena una investigación complementaria a las Fiamme Gialle o Guardia di Finanza del comando de Treviso.
La Fiscalía solicitó el embargo de los activos financieros del imputado por un monto equivalente al dinero presuntamente defraudado. Ahora, uno de los puntos que deberá aclarar el tribunal es por qué el INPS no fue informado oportunamente sobre la muerte de la mujer, lo que permitió que la pensión siguiera siendo cobrada durante años.
La Justicia investiga por qué nunca se notificó la muerte de la mujer
El comandante del núcleo operativo del grupo de Treviso, Ivan Mach di Palmstein, explicó al Corriere del Veneto que, en condiciones normales, el sistema prevé una comunicación automática a partir del certificado de defunción emitido por el médico. “No se determinó cómo pudo seguir cobrando la pensión de su madre: él no lo comunicó al INPS y habrá que aclarar el lugar del fallecimiento, que permitió eludir las obligaciones de notificación”, señaló.
El oficial agregó que tampoco se puede descartar una falla informática, ya que habitualmente tanto las agencias funerarias como los centros hospitalarios intervienen en ese trámite. Según el diario italiano, la hipótesis principal es que la mujer haya muerto en su casa, sin intervención hospitalaria, lo que habría abierto una brecha en el sistema de aviso automático.
Aunque no se descartan posibles complicidades, los investigadores consideran más probable una cadena de errores y fallas de control.
¿Cuáles son las consecuencias legales para alguien que comete fraude como este?
En un caso de este tipo, la persona acusada puede enfrentar un proceso penal por delitos como apropiación indebida, cuando se queda con dinero que no le corresponde, y autorreciclaje, si utiliza o reinvierte esos fondos en una actividad económica para ocultar su origen ilícito. En Italia, la apropiación indebida puede ser castigada con prisión y multa, mientras que el autorreciclaje prevé penas más severas cuando el dinero proveniente de un delito se incorpora a actividades empresariales, financieras o comerciales.
Además de una eventual condena, el imputado puede sufrir consecuencias económicas inmediatas, como el embargo de activos financieros, el bloqueo de cuentas, la devolución del dinero cobrado indebidamente y el decomiso de bienes vinculados al fraude. En este caso, la Fiscalía ya pidió embargar bienes por una suma equivalente al monto presuntamente defraudado, mientras la Justicia intenta determinar si hubo fallas administrativas, omisiones intencionales o posibles complicidades que permitieron mantener activo el cobro de la pensión durante años.
