El Partido Popular de España denunció un presunto “mal uso” de los fondos europeos destinados a la modernización de la flota española de hidroaviones contra incendios forestales. La acusación surge después de que el Gobierno cancelara un contrato declarado urgente en 2022 para renovar diez aviones anfibios, conocidos como FOCA, sin que finalmente se haya modernizado ninguna aeronave.
El proyecto contaba con una partida de 22,8 millones de euros procedentes de fondos europeos del Plan de Recuperación. Según el PP, el Ejecutivo conservó como cumplido el hito vinculado a la firma del contrato, pero eliminó el objetivo posterior que obligaba a entregar los diez aviones modernizados. Para la oposición, esa decisión permitió redirigir fondos comunitarios a otras políticas sin haber cumplido el propósito original.
Desde Génova consideran que el expediente refleja una grave falla de gestión en un área especialmente sensible, como la prevención y extinción de incendios forestales. “No hace falta atribuir mala fe para que el expediente resulte escandaloso: la alternativa a la mala fe es una incompetencia difícil de justificar”, señalaron fuentes populares a El Mundo.
La modernización había sido calificada como “imperativa” por el propio Gobierno debido al envejecimiento de la flota, las averías recurrentes y el aumento del costo de mantenimiento. En su momento, el Ministerio de Transición Ecológica advirtió que no avanzar con esa actualización podía reducir la capacidad de apoyo en la lucha contra los incendios.
El preocupante contexto
La cancelación del contrato llega en plena campaña antiincendios y en un contexto de déficit operativo. Según el PP, durante buena parte del verano España contó con apenas siete hidroaviones disponibles por problemas técnicos y tareas de mantenimiento. Ante esa situación, tuvo que solicitar apoyo a la Unión Europea, que envió cuatro aparatos FOCA: dos procedentes de Grecia y dos de Italia.
Los hidroaviones FOCA son considerados una herramienta clave por su capacidad para cargar agua directamente en ríos, embalses o en el mar. Pueden transportar entre 5.500 y 6.000 litros y realizar descargas completas o parciales sobre las zonas afectadas por el fuego.
Ante este escenario, el PP prepara una batería de preguntas parlamentarias para exigir explicaciones al Gobierno. Entre otros puntos, reclama saber cuánto dinero se pagó realmente de los 22,8 millones adjudicados, qué trabajos recibió el Estado, quién asumirá responsabilidades por un contrato bloqueado durante cuatro años y cómo se garantizará la operatividad hasta la llegada de nuevos aviones.
La oposición también cuestiona el argumento oficial de que la compra de nuevos aparatos sustituye a la modernización. Según el PP, en 2024 el Gobierno presentó ambas medidas como actuaciones complementarias: por un lado, adquirir nuevas aeronaves y, por otro, mejorar las existentes.
El problema, advierten, es que los primeros nuevos Canadair 415 no llegarán hasta 2028 y el último está previsto para 2031. Por eso, los populares sostienen que España afrontará varios años con una flota antigua y limitada. “Quedan cinco años con una flota obsoleta”, remarcan.
En ese marco, el PP exige que el Ejecutivo rinda cuentas por lo que considera una oportunidad perdida para reforzar una herramienta esencial contra los incendios forestales.
