La crisis de Ueno Bank, uno de los principales bancos digitales de Paraguay, sacudió al sistema financiero y abrió un frente de conflicto político para el gobierno de Santiago Peña. La entidad, perteneciente al Grupo Vázquez, fue intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP) después de que se detectara un fuerte deterioro de su solvencia e irregularidades en el otorgamiento de créditos a empresas vinculadas con sus propietarios.
El banco tiene alrededor de 2,9 millones de clientes y sus operaciones quedaron suspendidas, por lo que miles de ahorristas no pueden acceder temporalmente a su dinero.
La situación también derivó en la detención de ocho directivos, la renuncia del titular del Banco Central y pedidos de la oposición para impulsar un juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. El escándalo puso bajo cuestionamiento los controles sobre la entidad y los vínculos comerciales que el Presidente mantuvo con el grupo propietario.
Ocho directivos detenidos y la renuncia del presidente del Banco Central
La Fiscalía paraguaya abrió una investigación penal por presunta lesión de confianza, a partir de una denuncia presentada por el Banco Central. Entre los ocho detenidos se encuentran Federico Miguel Vázquez Villasanti, fundador y vicepresidente primero de Ueno Bank, y Juan Manuel Gustale Cardoni, quien presidía la entidad.
La Justicia también ordenó embargos preventivos por US$70 millones y 1,62 billones de guaraníes sobre bienes de directivos y sociedades vinculadas con el grupo empresario.
El objetivo es determinar si existieron maniobras irregulares en la administración de los recursos y en la concesión de préstamos a compañías relacionadas con los propietarios del banco.
Al mismo tiempo, el escándalo tuvo consecuencias dentro del Gobierno. Carlos Carvallo presentó su renuncia a la presidencia del Banco Central el martes 3 de noviembre, después de que Santiago Peña le solicitara dejar el cargo. En su reemplazo, Liana Caballero quedó al frente del organismo de manera interina.
Carvallo había presidido anteriormente Financiera Ueno, antes de asumir la conducción del BCP en 2023. Además, Peña fue accionista de Ueno Holding hasta 2025, cuando se desvinculó de la sociedad. Estos antecedentes alimentaron los cuestionamientos de la oposición sobre los controles y la supervisión de la entidad.
Las críticas también apuntaron a que el Banco Central había recibido advertencias sobre posibles irregularidades desde 2025. Según una investigación de ABC Color, existieron al menos diez informes y comunicaciones internas que señalaban problemas en los créditos a empresas vinculadas y en la situación financiera del banco.
Por qué intervino el Banco Central a Ueno Bank
La decisión del regulador se produjo luego de que el índice de solvencia de Ueno Bank cayera al 5,56%, menos de la mitad del mínimo del 12% exigido por las normas financieras paraguayas.
Las inspecciones detectaron deficiencias en la evaluación de riesgos, inconsistencias en la información utilizada para aprobar préstamos y operaciones crediticias con compañías relacionadas con los accionistas. Los ajustes contables superaron los 1,6 billones de guaraníes y afectaron significativamente el patrimonio de la entidad. A esto se sumó la imposibilidad de reponer un encaje legal de US$70 millones. Aunque el banco había anunciado un plan de capitalización por US$100 millones, el deterioro de sus indicadores llevó al BCP a iniciar un procedimiento de resolución bancaria para preservar los activos y proteger a los depositantes.
Qué pasará con los ahorros de los 2,9 millones de clientes
Uno de los principales interrogantes es qué ocurrirá con los depósitos. Según las estimaciones difundidas por las autoridades, Ueno Bank tenía aproximadamente US$2.836 millones en depósitos a septiembre.
Paraguay cuenta con un Fondo de Garantía de Depósitos que cubre hasta 228,3 millones de guaraníes por persona y por entidad, equivalentes a unos US$38.000.
De acuerdo con los datos oficiales difundidos, alrededor del 97% de los depositantes, unos 2,8 millones de personas, tendría sus ahorros completamente cubiertos. El 3% restante, cerca de 87.000 clientes, podría enfrentar dificultades para recuperar la totalidad de sus fondos si supera el límite garantizado. Esto no implica una pérdida automática del dinero excedente: su recuperación dependerá de los activos disponibles y del resultado del proceso de resolución.
La preocupación también alcanza al Instituto de Previsión Social (IPS), que tendría entre US$345 millones y US$380 millones comprometidos en la entidad, según las denuncias difundidas. Se trata de recursos vinculados con el sistema previsional paraguayo.
