En abril de 2025, Augusto Manuel Pacicco fue condenado y detenido por narcomenudeo en la provincia de Córdoba. En los últimos días obtuvo el beneficio de la libertad anticipada, pero, para sorpresa de todos, lo rechazó y pidió continuar en prisión hasta cumplir la totalidad de su condena.
El hombre fue juzgado por haber actuado como intermediario en una venta de drogas en la localidad cordobesa de Embalse. La investigación concluyó que Pacicco facilitaba el contacto entre el vendedor y el comprador y que, a cambio, recibía dosis de droga para sostener su adicción.
Su caso llegó a juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3, donde el fiscal Maximiliano Hairabedian solicitó una pena de dos años de prisión al considerarlo partícipe del comercio de estupefacientes.
Presentó una carta pidiendo seguir en la cárcel
Sin embargo, debido al monto de la pena y a que no tenía antecedentes penales, se esperaba que recuperara la libertad. Pero el hombre presentó una carta escrita a mano en la que explicó por qué no quería abandonar la cárcel.
“No me siento apto para reinsertarme en la sociedad”, expresó ante los jueces, y explicó que todavía necesitaba continuar con el tratamiento psicológico y psiquiátrico que recibe en la unidad penitenciaria donde permanece alojado.
En otro tramo de la carta también señaló que, si recuperaba la libertad, no podría cumplir estrictamente con las condiciones que le impondría la Justicia, como presentarse periódicamente para firmar.
“Primero porque sé que no voy a cumplir con esos requisitos y, segundo, porque sé que voy a tener una orden de captura por no cumplir con el reglamento y las disposiciones de este Tribunal”, escribió. Y agregó: “Salir y no deber ni un día a la Justicia me parece apropiado”.
Durante la audiencia volvió a ratificar su postura: “Yo solamente lo único que pido es que hagan lugar al escrito que envié”, dijo. “Mi petición es poder terminar el tiempo que queda de condena en la cárcel, para poder salir limpio y bien”, añadió.
Tras escuchar su decisión, los jueces Facundo Zapiola, Cristina Giordano y José Camilo Quiroga Uriburu resolvieron imponerle una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo, de acuerdo con lo solicitado por el propio acusado, para que pueda permanecer detenido hasta cumplir íntegramente su condena.
