La CGT expuso que las obras sociales están en una “crisis grave” y advirtió: “Para muchas organizaciones es casi terminal”
La Confederación General del Trabajo (CGT) publicó un decisivo informe sobre la situación actual del sistema sindical de salud y sostuvo que hay “imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”.
La CGT creó un informe por parte de su Secretaría de Acción Social para presentar un diagnóstico sobre el sistema sindical de salud y alertó que existe una “imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”. La central obrera advirtió que las obras sociales sindicales que prestan atención médica a 14 millones de personas atraviesan una “crisis casi terminal” y señaló que el Gobierno hace un manejo “inequitativo” de los fondos del sistema que surgen del aporte de los trabajadores.
“La situación económica financiera general del sistema está viviendo una crisis grave que para muchas organizaciones es casi terminal por imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”, afirmó José Luis Lingeri, quien además mencionó el caso de obras sociales que fueron dadas de baja, como la de la Industria Del Fósforo; otras declaradas en situación de crisis en la Dirección Industria Construcción e Industria Pesquera de Mar del Plata; y las intervenidas, como OSPRERA y Ladrilleros.
En este sentido, la CGT sentenció: “Un sistema de seguridad social como el nuestro, que financia la atención médica con un porcentaje del salario (9%) que presenta una pérdida del poder adquisitivo que ronda el 30%, sumado al incremento propio de los servicios asistenciales, que superan ampliamente los índices de costo de vida, limita cada vez más la posibilidad de cobertura”.
“Actualmente, el promedio de recaudación de nuestro sistema está en $67.525 por beneficiario, lo que implica que hay más de 9 millones de afiliados que se encuentran por debajo de este promedio, equivalente al 67% de la población de obras sociales nacionales. Pero lo que resulta más importante para tener en cuenta es el costo del menú prestacional que estamos obligados a dar, es decir, el costo del PMO (Plan Médico Obligatorio)”, detalló la CGT en números.
“De acuerdo con las estimaciones realizadas por el grupo de técnicos y profesionales en la temática de obras sociales de la CGT, que hace años se dedica a esta tarea, el valor del PMO para el mes de marzo de 2026 rondaría los $85.000 per cápita, es decir, una cifra que se encuentra casi un 25% por encima de la recaudación promedio del sistema”, agregó el informe.
Según la CGT, este último dato implica que “más de 11 millones de beneficiarios, es decir el 78,5% del padrón, no aportan lo suficiente para poder financiar el acceso a las prestaciones requeridas por el PMO”.
El reflejo del deterioro del sistema de salud en el informe de la CGT
“Como consecuencia de esta situación, para poder continuar con la prestación de servicios, la mayor parte de nuestras organizaciones necesitan el auxilio de sus respectivos sindicatos, sin el cual muchas entrarían en cesación de pagos”, indicó el gremio en el informe. Y agregó: “Paralelamente, se resiente la cadena de pagos a prestadores que se refleja en una caída de la calidad en la atención médica, prolongación de los tiempos de espera para acceder a prestaciones y malestar en nuestros afiliados”.
Sumado a eso, sostuvo que otra prueba del deterioro que está sufriendo el sistema de atención se visualiza en “la reducción de la capacidad de nuestros afiliados en acceder a los medicamentos ambulatorios de uso habitual. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023 la capacidad de compra de medicamentos se redujo en promedio en el 49%. Esta situación se mantiene hasta la actualidad”.
“A la situación general de nuestros afiliados naturales, debemos soportar el agujero financiero que nos produjo y nos sigue produciendo la incorporación de monotributistas, cuyo aporte al sistema (alrededor de $20.000) es un 290% inferior al costo del PMO. A esto debemos agregar que gran parte de los que ingresan al sistema por esta vía presentan una carga de enfermedad que supera al de nuestros afiliados de la actividad. Es decir que utilizan el régimen de monotributo al solo efecto de tener acceso al sistema de salud a precios irrisorios”, apuntó el crudo diagnóstico de la situación de los monotributistas.
Cuál es la situación de los hospitales públicos, según la CGT
“La facturación de los hospitales públicos se ha transformado en otro factor de distorsión para las obras sociales. Por un lado, en determinados distritos, como ocurre con los hospitales de CABA, el nomenclador que utilizan para facturar las prestaciones presenta valores muchas veces superiores a los de prestadores privados”, subrayó.
“A esta situación se suma el hecho que no solicitan autorización previa para la realización de prácticas programadas. En el caso de las internaciones de urgencia, la denuncia de estas es irregular y muchas veces se realiza en forma tardía impidiendo que se pueda hacer la auditoria en el terreno correspondiente. Como corolario de lo expuesto, el sistema de facturación hospitalario emite facturas que se transforman en cosa juzgada, muchas veces judicializándose su cobro”, añadió.
Las críticas al Ministerio de Salud
El informe de la CGT criticó al Ministerio de Salud de la Nación por la administración de los aportes de los trabajadores para financiar a las obras sociales: “El manejo de los fondos de los subsidios automáticos que distribuye la Superintendencia de Servicios de Salud, que podrían mitigar en parte la situación de crisis del sistema, resulta absolutamente inequitativa”.
“El ejemplo más ilustrativo es la distribución del SUMA (Subsidio de Mitigación de Asimetrías), que distribuye un monto que actualmente ronda los $2.380 por beneficiario, lo que implica que reciben lo mismo las obras sociales de bajos ingresos que las entidades que más recaudan (por ejemplo, OSDE, Swiss Medical, etc.)“, precisó el informe. En el caso del SUMARTE (Subsidio de Mitigación de Asimetrías para el Trabajo Especial), que hoy distribuye aproximadamente $7.955 por monotributista, y del SUMA 65, que reparte $48.269 por mayores de 65 años, estos recursos surgen de los aportes y contribuciones de los propios trabajadores, por lo cual si bien mitigan en parte la situación de estos beneficiarios, “no resuelven el problema de fondo”.
