El oficialismo reactivó la discusión interna por la reforma del Código Penal luego del crimen de Agostina Vega en Córdoba. Desde la Casa Rosada comentan que buscan enviar el proyecto “cuanto antes” al Congreso y remarcan que el texto en revisión incluye, entre otras cosas, un endurecimiento de penas para violadores, cambios sobre delitos sexuales y una ampliación de los supuestos de prisión perpetua.
Desde los despachos oficiales comentaron: “Necesitamos tomar medidas y movernos rápido”. De esta forma, presentarán la reforma como parte de una agenda penal que ya estaba en marcha aunque demorada por diferencias políticas y técnicas dentro del Gobierno.
Desde Nación siguen el caso de la adolescente de 14 años asesinada con cautela aunque admiten que la conmoción social aceleró conversaciones que estaban frenadas sobre el nuevo paquete penal. El impacto nacional del caso fue amplio y abrió cuestionamientos sobre la actuación judicial y policial en Córdoba.
¿Cuál es la situación actual del borrador de la Reforma Penal?
Desde el entorno de Santiago Caputo sostienen que la reforma penal está trabada en el Ministerio de Justicia, mientras que aquellos allegados a Juan Bautista Mahiques comentan que están “terminando de definir” qué versión enviarán y sostienen que el proyecto saldría a la luz en el corto plazo.
El borrador de la reforma del Código Penal ha salido de la Secretaría Legal y Técnica en múltiples ocasiones por diferencias de redacción. “Las reformas al Código Penal se vienen trabajando hace tiempo y se van a mandar en el corto plazo”, aseguran a TN fuentes del Ejecutivo. Aunque la demora permitió nuevos pases de factura entre los sectores que debaten su influencia en materia de Justicia.
Desde el oficialismo un sector manifiesta su voluntad de aprobar una reforma amplia preparada que el nuevo esquema de Justicia decidió recortar y demorar. Mientras que por otro lado, el equipo del ministro de Justicia afirma que el objetivo principal es enviar un proyecto más sólido con mayor posibilidad de ser aprobada y que no abra debates que puedan frenar el proceso en su conjunto.
La Casa Rosada venía analizando desde hacía meses si impulsar un nuevo Código Penal de carácter integral o avanzar con una modificación profunda de la normativa vigente. La primera alternativa suponía sustituir por completo el texto actual, en vigor desde 1921. La segunda opción permite incrementar sanciones, sumar nuevas tipificaciones y ajustar disposiciones específicas sin reabrir de manera generalizada discusiones especialmente sensibles.
Por el momento, la estrategia que reúne más respaldo es la de una reforma gradual. El Gobierno se inclina por enviar en una primera etapa aquellos capítulos que generan mayor acuerdo dentro del oficialismo, entre ellos los vinculados a delitos sexuales, abuso infantil, grooming, fraudes piramidales, entraderas, salideras bancarias, robos cometidos por motochorros, viudas negras, tenencia de armas en establecimientos penitenciarios, carreras clandestinas y nuevas formas de criminalidad organizada y delitos tecnológicos.
¿Cuáles son los puntos que se debaten sobre el nuevo Código Penal?
El punto principal que destacan desde la Rosada sobre el nuevo Código Penal es el agravamiento de las penas para violadores y abusadores. Analizan además la imprescriptibilidad de delitos sexuales graves y la ampliación de supuestos de prisión perpetua. El eje del Gobierno sería “poner a las víctimas en el centro”.
Por su parte, Cúneo Libarona había trabajado un texto mucho más extenso que unificaba el Código Penal vigente con leyes penales especiales y llevar el cuerpo normativo a más de 900 artículos. Entre ellos contemplaba un aumento general de las penas, la incorporación de nuevos delitos informáticos y modificaciones en materia de narcotráfico, corrupción, responsabilidad penal empresarial, delitos contra el ambiente, propiedad intelectual y conductas vinculadas al uso de inteligencia artificial.
De allí que Mahiques hace una revisión del proyecto que quiere reducir la arquitectura del proyecto que considera demasiado amplio y que por ello podría quedar trabado en el Congreso y obligar al Gobierno a defender al mismo tiempo temáticas de corrupción, género, política criminal, corrupción y seguridad a la vez. De allí que cerca del ministro insisten en una versión más corta y defendible.
La discusión sobre la figura del femicidio que planteó en su momento el presidente Javier Milei no será presentada aunque buscaba una supuesta “igualdad ante la ley”. Desde la Rosada sostienen que abrir ese capítulo en este contexto agravaría el costo político y legislativo del proyecto.
El aborto es otro de los temas clave que el Gobierno busca debatir pero no lo hará ya que no es parte de la agenda legislativa inmediata. Es además uno de los motivos por los que el Gobierno evitó la idea de enviar un Código Penal completamente nuevo; obligaba a fijar posición sobre temas que hoy no son parte de la prioridad legislativa.
La postergación en el envío del proyecto volvió a exponer diferencias dentro del oficialismo. En distintos sectores del Gobierno cuestionan que la iniciativa aún no haya sido definida, en un contexto en el que la seguridad recuperó protagonismo en la agenda pública. “No se están impulsando medidas por cuestiones personales. Hay que avanzar”, afirman desde un sector de la Casa Rosada.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había anticipado el 17 de marzo que el Ejecutivo avanzaba en la elaboración de un paquete de proyectos para remitir al Congreso. Entre las iniciativas mencionó la reforma del Código Penal, con especial énfasis en el endurecimiento de las penas.
