El gobierno de Rodrigo Paz Pereira impidió la fiscalización de las violaciones a derechos humanos que se llevan adelante en Bolivia y deportó a legisladores argentinos y referentes de organismos de Derechos Humanos que integraban la Misión Humanitaria.
Según se supo, les retuvieron los documentos, los obligaron a arribar un avión hacia a ciudad boliviana de Santa Cruz y ya se encuentran en viaje nuevamente hacia Argentina.
La comitiva que llegó la madrugada de este lunes al aeropuerto de El Alto está integrada por: Juan Marino, diputado nacional de Fuerza Patria (FP); Vanina Biassi, legisladora de la Ciudad por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda (FIT/PO); Soledad Mosquera, secretaria general del gremio docente Ademys; María José Cano, de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTA-A); y Alejandrina Barry, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, entre otros.
Biasi sostuvo que estuvieron “secuestrados con represión policial” y que fueron parte de una misión que se realizó en muchas situaciones similares como la que sucede en Bolivia.
Además, indicó que lo que ocurre en ese país es “una verdadera dictadura militar”: “Dijimos claramente lo que veníamos a hacer y denunciamos al Presidente porque quiere instalar el Estado de sitio”, agregó.
En la misma línea, Barry confirmó que “no los dejaban bajar del avión” y que el trato que recibieron “fue igual al de un secuestro”. Manifestó también que quisieron “hacerles firmar un documento” que presentaba “causas truchas” respecto a los objetivos del viaje.
Qué dijo Cancillería sobre lo sucedido en Bolivia
El ministro de Relciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, declaró que “se habrían verificado inconsistencias” en el ingreso de la Misión Humanitaria argentina a Bolivia.
Mediante un comunicado que publicó en sus redes sociales, Quirno sostuvo que el gobierno de Rodrigo Paz Pereira ejerció sus “facultades soberanas“ para deportar a sus integrantes.
“En el día de la fecha, arribó al Estado Plurinacional de Bolivia un grupo de ciudadanos argentinos integrantes de una autodenominada ‘Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos’, con el autodeclarado propósito de ‘realizar un relevamiento de los derechos humanos en Bolivia a pedido de diputados bolivianos’”, comenzó el texto.
En la misma línea, señaló que las autoridades bolivianas comunicaron que, durante los controles migratorios, “se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas” para ingresar al país y, también, en “las actividades anunciadas públicamente” por los miembros de la delegación.
Por otra parte, manifestó, además, que habría irregularidades en cuestiones vinculadas al “cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación boliviana” y que, por dicho motivo, “decidieron no admitir su ingreso” y los deportaron a la Argentina.
“Ante esta situación, la Embajada de la República Argentina en Bolivia y los Consulados Generales en La Paz y Santa Cruz de la Sierra activaron de inmediato los mecanismos de asistencia consular correspondientes, manteniendo contacto permanente con las autoridades competentes”, concluyó el comunicado.
