Al cumplirse 32 años del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el acto central de homenaje estuvo atravesado por un fuerte reclamo de justicia y críticas al Poder Judicial por la demora en el avance de la causa. La ceremonia reunió a familiares de las 85 víctimas, sobrevivientes, dirigentes de la comunidad judía y autoridades nacionales, entre ellas el presidente Javier Milei.
Durante el acto, el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, reclamó que la Cámara Federal de Casación Penal resuelva cuanto antes la constitucionalidad del juicio en ausencia, una herramienta considerada clave para llevar al banquillo a los principales acusados del atentado.
El reclamo por el juicio en ausencia
El juicio en ausencia fue incorporado al ordenamiento jurídico argentino mediante la Ley 27.784 y permitiría juzgar a 10 ciudadanos iraníes y miembros de Hezbollah señalados como responsables del ataque terrorista, aun cuando no se encuentren en el país.
Sin embargo, la norma fue cuestionada por el Ministerio Público de la Defensa, que planteó su inconstitucionalidad al considerar que vulnera garantías fundamentales de los imputados.
La Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para el próximo 10 de septiembre, donde escuchará los argumentos de las partes antes de emitir un fallo.
El debate se mantiene abierto desde mediados de 2025. En junio del año pasado, el juez federal Daniel Rafecas aceptó el pedido de la fiscalía y de familiares de las víctimas para realizar el juicio en ausencia contra los acusados. La decisión fue apelada por la defensa oficial y, tras ser confirmada por la Cámara Federal, el expediente quedó en manos de Casación.
Los jueces Diego Barroetaveña, Ángela Ledesma y Carlos Mahiques deberán resolver ahora si la ley es compatible con la Constitución Nacional.
Mientras tanto, la Cámara Federal ordenó a Rafecas continuar con los pasos necesarios para elevar la causa a juicio, pese a que todavía no existe una definición sobre la constitucionalidad del procedimiento.
El estado de los archivos de la investigación
Otro de los ejes del acto fue el avance en la preservación y digitalización de la documentación vinculada al atentado.
Según el último informe semestral elaborado por el Área de Análisis de la UFI AMIA, gran parte del archivo histórico fue trasladado desde el Palacio Barolo hacia el edificio 23 del Espacio para la Memoria y Derechos Humanos, ubicado en la ex ESMA.
El operativo incluyó tareas de inventariado, embalaje, acondicionamiento y custodia de miles de documentos de inteligencia relacionados con la investigación.
El desafío del asbesto y la digitalización
Uno de los mayores obstáculos encontrados durante el proceso fue la detección de altas concentraciones de asbesto en sectores del subsuelo del Palacio Barolo, donde durante décadas permanecieron almacenados documentos sensibles.
La presencia de este material obligó a realizar complejas tareas de descontaminación antes de continuar con el traslado del archivo. Aunque los estudios realizados permitieron avanzar con buena parte de la documentación, todavía quedan alrededor de 451 cajas que deberán ser analizadas para descartar contaminación.
En paralelo, la Unidad Fiscal AMIA, encabezada por el fiscal Sebastián Basso, informó que ya fueron digitalizadas más de 12.000 fojas, además de avanzar en la organización de miles de casetes y archivos audiovisuales vinculados con la investigación.
Asimismo, la fiscalía reiteró pedidos de información a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ex SIDE, para acceder a bases de datos y registros históricos que puedan aportar nuevos elementos a una causa que, más de tres décadas después del atentado, continúa sin condenados y mantiene vigente el reclamo de verdad y justicia.
