
El Gobierno nacional salió a respaldar la desregulación del sistema de practicaje marítimo en medio del paro que afecta a los principales puertos del país y advirtió que aplicará sanciones a quienes participen de la medida de fuerza. El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que los prácticos prestan un servicio esencial y cuestionó el impacto de la protesta sobre el comercio exterior argentino.
Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, Ravier defendió el Decreto 690/2026, impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que modifica el régimen vigente desde 1991 con el objetivo de aumentar la competencia y reducir los costos logísticos.

Adrián Ravier defendió la reforma y cuestionó el costo de la logística marítima
El vocero sostuvo que uno de los principales objetivos del nuevo esquema es disminuir el denominado “costo argentino”, al considerar que la logística marítima local resulta más cara que en otros mercados internacionales.
“Intentamos bajar el costo argentino. En esta materia, la Argentina tiene un costo elevado comparado con otros países. Esto se resuelve con competencia”, afirmó Ravier.
En esa línea, explicó que la reforma busca permitir el ingreso de nuevos operadores al sistema de practicaje para generar una mayor competencia, reducir las tarifas y abaratar el transporte de mercaderías, con un eventual impacto positivo sobre empresas y consumidores.
Además, cuestionó la medida de fuerza impulsada por el sector y sostuvo que responde al rechazo de algunos actores frente a la apertura del mercado.
“Este es un servicio esencial, que estas personas tienen la obligación de sostener, y van a tener sanciones”, advirtió el funcionario al referirse al paro que afecta la actividad portuaria.
Qué cambia el Decreto 690/2026 y por qué los prácticos están de paro
La protesta fue convocada en rechazo al Decreto 690/2026, que introduce modificaciones de fondo en el régimen del practicaje. Entre los principales cambios, elimina los cupos para acceder a la matrícula de práctico, habilita la contratación directa por parte de armadores y agencias marítimas, fija topes tarifarios mediante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y permite que determinados capitanes puedan navegar sin contratar un práctico si acreditan una cantidad mínima de viajes en una misma zona.

Los prácticos cumplen una función clave en la navegación de grandes buques por sectores complejos como el río Paraná, el Río de la Plata y los accesos portuarios, ya que cuentan con conocimientos específicos sobre corrientes, profundidades y riesgos de navegación. Su trabajo resulta fundamental para buena parte del comercio exterior argentino.
Frente a la reforma, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó el decreto como inconstitucional y anunció que presentará acciones judiciales para frenar su aplicación. También anticipó una denuncia penal por una eventual afectación de la seguridad de la navegación, mientras que distintas entidades del sector sostienen que las nuevas reglas podrían deteriorar las condiciones laborales y aumentar los riesgos operativos en los puertos argentinos.















