El Gobierno anunció este martes que alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje, el cual “contempla una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento de las tareas de asistencia a la navegación de buques”. De esta manera, se levanta el paro que afectaba a los puertos del país.
Según lo informado desde Presidencia, se resolvió “suspender la aplicación del decreto de desregulación del servicio de practicaje y conformar una mesa de trabajo para analizar los distintos aspectos vinculados a la actividad”.
En esa línea, la instancia de diálogo será coordinada por el Gobierno, con participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes, con el objetivo -afirmaron- de “avanzar en la revisión de los puntos contemplados en la normativa de desregulación”.
“Los representantes del sector retomarán las tareas de manera inmediata, mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa de trabajo hasta alcanzar un acuerdo definitivo sobre los distintos puntos abordados”, señala el comunicado oficial.
¿Por qué comenzó el paro de practicaje y pilotaje?
La medida de fuerza fue convocada por los profesionales encargados de asistir a los buques durante las maniobras de navegación en ríos, canales y puertos. El reclamo apunta directamente contra el Decreto 690/2026.
Los trabajadores exigen la suspensión o derogación de la normativa, al considerar que modifica de manera sustancial las condiciones en las que se presta el servicio.
Qué cambia el Decreto 690/2026
Entre los principales cambios, el decreto elimina los cupos para acceder a la matrícula de práctico, habilita la contratación directa por parte de armadores y agencias marítimas, fija topes tarifarios mediante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y permite que determinados capitanes puedan navegar sin contratar un práctico si acreditan una cantidad mínima de viajes en una misma zona.
Los prácticos cumplen una función clave en la navegación de grandes buques por sectores complejos como el río Paraná, el Río de la Plata y los accesos portuarios, ya que cuentan con conocimientos específicos sobre corrientes, profundidades y riesgos de navegación. Su trabajo resulta fundamental para buena parte del comercio exterior argentino.
Frente a la reforma, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó el decreto como inconstitucional y anunció que presentará acciones judiciales para frenar su aplicación. También anticipó una denuncia penal por una eventual afectación de la seguridad de la navegación, mientras que distintas entidades del sector sostienen que las nuevas reglas podrían deteriorar las condiciones laborales y aumentar los riesgos operativos en los puertos argentinos.
