El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que propone cambios en materia de seguridad, defensa y protección de los recursos naturales. La iniciativa modifica la Ley de Defensa Nacional, establece nuevas sanciones por la explotación no autorizada de recursos en las Islas Malvinas y la Plataforma Continental Argentina y crea un Consejo de Seguridad Nacional.
El proyecto también incorpora herramientas para proteger el espacio aéreo y marítimo, establece nuevas restricciones frente a determinadas formas de influencia extranjera y eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Qué cambia con las nuevas sanciones por la explotación de recursos en Malvinas
La iniciativa reemplaza la actual Ley 26.659 y amplía el alcance de las prohibiciones. Ya no estarán limitadas a los hidrocarburos, sino que abarcarán cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables en las Islas Malvinas, sus espacios marítimos e insulares y la Plataforma Continental.
Las sanciones también podrán alcanzar a proveedores, socios, accionistas y controlantes de las empresas involucradas. Las penas previstas llegan hasta 20 años de prisión, además de multas e inhabilitaciones.
Empresas sancionadas: qué restricciones tendrán
Las compañías alcanzadas por las sanciones podrán quedar impedidas de desarrollar actividades económicas en la Argentina, además de perder habilitaciones y beneficios impositivos o previsionales. También podrán rescindirse contratos con el Estado.
El proyecto contempla la creación de un registro público de infractores, cuyos integrantes no podrán ser contratados por el Estado ni por particulares. Además, incorpora el juicio en ausencia para los delitos contemplados en la nueva normativa.
Cómo funcionará el nuevo Consejo de Seguridad Nacional
El proyecto crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente. Estará integrado permanentemente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
El organismo tendrá funciones de coordinación estratégica en cuestiones diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.
Qué establece sobre el espacio aéreo y marítimo
Ante una aeronave considerada hostil, la propuesta establece una secuencia que contempla identificación, advertencia, demostración de fuerza y, como último recurso, uso de la fuerza por orden expresa del Presidente, facultad que podría delegarse en el ministro de Defensa.
Para los buques se prevén medidas progresivas, como persecución, inspección, disparos de advertencia e inutilización. El hundimiento será excepcional y requerirá autorización presidencial, mientras que estará prohibido utilizarlo como sanción contra un buque civil o simplemente para impedir su fuga.
Nuevas medidas frente a amenazas extranjeras
El Consejo podrá disponer medidas urgentes ante amenazas graves e inminentes, como restricciones cambiarias y financieras, bloqueo temporal de fondos y activos, suspensión de autorizaciones y contratos, límites a importaciones y exportaciones y aumentos temporales de derechos aduaneros.
Además, se restringirán aportes de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas. El proyecto incorpora delitos vinculados con la revelación de secretos, operaciones clandestinas de inteligencia, desinformación masiva destinada a alterar procesos electorales y acciones de violencia o sabotaje financiadas desde el exterior.
Por último, la iniciativa incorpora por ley el RePET, que contempla la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas o financieras con personas y entidades vinculadas al terrorismo o su financiamiento.
