La Justicia hizo lugar a un pedido de la Defensoría del Pueblo bonaerense y le ordenó al Gobierno nacional que informe y preserve todo tipo de información sobre tierras rurales bonaerenses recopiladas durante la vigencia de la Ley de Tierras, que fuera derogada por el DNU 70/2023 para desregular la venta a extranjeros.
El organismo que conduce Guido Lorenzino había advertido que, por la caída de esta ley, se eliminaron los mecanismos de control, el mapa dominial y las restricciones a la venta de campos a titulares extranjeros, lo que pone en riesgo el conocimiento del territorio y la protección del medio ambiente en distritos con alta concentración de titularidad extranjera, como Campana y Zárate.
Frente a esta presentación, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata le dio un plazo de cinco días al Ministerio de Justicia de la Nación para precisar hasta qué fecha se actualizaron las bases de datos y garantizar la conservación íntegra de todos los antecedentes registrales recolectados en los últimos 15 años.
“No podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural”, sostuvo Lorenzino, y agregó que “proteger la información pública sobre nuestro territorio es central para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones”.
En su fallo, el juzgado consideró que la pérdida o alteración de esta información provocaría un daño irreversible para la planificación y el desarrollo sostenible de la Provincia.
