
El Gobierno nacional inició una etapa decisiva para reunir los votos que necesita y aprobar el Presupuesto 2027. Aunque mantiene conversaciones con distintos espacios parlamentarios, sus aliados anticiparon que el respaldo dependerá de cambios relacionados con impuestos, financiamiento universitario, discapacidad y obras públicas.
La intención de La Libertad Avanza es conseguir dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar la iniciativa en la Cámara de Diputados durante noviembre. En ese contexto, Martín Menem intensificó las gestiones con representantes del PRO, la UCR y otros sectores dialoguistas.
El objetivo es identificar los artículos más conflictivos y evitar que las diferencias frenen la aprobación de la denominada “ley de leyes”. Sin embargo, las provincias y los bloques aliados esperan respuestas concretas antes de comprometer sus votos.
El impuesto a los combustibles y las obras viales
Uno de los principales reclamos está relacionado con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Los gobernadores solicitan modificar la distribución de esos recursos y destinar una parte de la recaudación al mantenimiento de las rutas nacionales.
El deterioro de los corredores viales se convirtió en una preocupación para varias provincias. Por ese motivo, los diputados dialoguistas quieren que el Presupuesto contemple partidas específicas para obras y mantenimiento.

Dentro del PRO también aparecen pedidos relacionados con los fondos de coparticipación correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires. Además, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, impulsa una reducción de la carga impositiva aplicada al huevo y sus derivados.
Universidades y discapacidad, dos puntos sensibles
El financiamiento universitario ocupa un lugar central en las negociaciones. El proyecto oficial contempla una asignación de $7 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional reclama cerca de $11 billones.
La diferencia mantiene abierta la discusión y obliga al Gobierno a evaluar alternativas. Los legisladores radicales también reclaman precisiones sobre las partidas destinadas a las personas con discapacidad.
Si no existe un acuerdo, algunos bloques podrían acompañar el Presupuesto en general, pero rechazar artículos particulares. Esta posibilidad obligaría al oficialismo a negociar cada capítulo y asegurar respaldos adicionales durante la votación.
Inversiones productivas y economías regionales
Otra discusión está relacionada con el Régimen de Incentivos para Inversiones Relevantes, una iniciativa destinada a promover inversiones, aumentar exportaciones y generar empleo.
El esquema también genera pedidos de modificaciones. Algunos legisladores buscan que actividades como la pesca puedan acceder a los beneficios sin cumplir los mismos montos mínimos exigidos a proyectos de mayor escala.

Las economías regionales reclaman herramientas específicas para renovar equipamiento, incorporar tecnología y mejorar la competitividad. Estos planteos podrían sumarse a la negociación general del Presupuesto.
Biocombustibles: una disputa que puede definir votos
La regulación de los biocombustibles representa otro desafío. Córdoba y Santa Fe presionan para avanzar con el proyecto que obtuvo media sanción del Senado, aunque existen diferencias por los artículos vinculados con el biodiésel.
Legisladores aliados y opositores piden cambios para impedir que las pequeñas y medianas empresas regionales queden en desventaja frente a las compañías de mayor tamaño.
El bloque de Provincias Unidas pretende evitar nuevas postergaciones. Sus representantes remarcan la importancia económica de la actividad para las provincias productoras y advierten sobre el impacto que una regulación desfavorable podría tener en las pymes.
Las próximas semanas serán decisivas
El Gobierno deberá equilibrar su objetivo fiscal con las demandas de las provincias, las universidades y los sectores productivos. Los aliados no descartaron acompañar el proyecto, pero esperan modificaciones y compromisos presupuestarios verificables.
Las próximas negociaciones definirán si el oficialismo consigue aprobar el Presupuesto 2027 dentro del cronograma previsto o si las diferencias obligan a postergar su tratamiento.



















