La relación entre Argentina y Chile suma un nuevo foco de tensión por la reactivación de una ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. El conflicto se originó por el próximo inicio de operaciones del buque de carga chileno Danstar, contratado por la Falkland Islands Development Corporation (FIDC) para conectar el puerto chileno con el archipiélago.
Frente a esta situación, el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, anticipó que la provincia trabaja en un proyecto de ley para sancionar a las empresas que participen en operaciones comerciales con las islas sin autorización.
La iniciativa contempla multas económicas y restricciones para compañías navieras y de servicios involucradas en estas actividades. El objetivo es establecer herramientas jurídicas para intervenir sobre las operaciones vinculadas con el archipiélago, independientemente de la bandera de los buques o del puerto desde el que zarpen.
En declaraciones a Infobae, Dachary cuestionó que autoridades de la Región de Magallanes acompañen institucionalmente un intercambio comercial con las islas, mientras que la Cancillería chilena mantiene su respaldo diplomático al reclamo argentino de soberanía.
Qué sanciones prepara Tierra del Fuego para las empresas que operen con Malvinas
El proyecto que impulsa el gobierno fueguino busca establecer un régimen específico para el departamento Islas del Atlántico Sur. La propuesta apunta a regular las actividades marítimas dentro de las doce millas y determinar responsabilidades para las compañías que participen en operaciones comerciales con las Malvinas sin contar con autorización provincial.
Entre las medidas que analiza la administración fueguina se encuentran:
- Multas económicas para las empresas navieras y de servicios involucradas.
- Restricciones para operar en territorio argentino.
- Identificación de las compañías que participen en la logística comercial con las islas.
- Sanciones aplicables a embarcaciones de cualquier bandera y procedencia.
Dachary explicó que la iniciativa tendrá un alcance territorial específico y marcará un cambio en la estrategia legislativa provincial. “Es la primera vez que estamos pensando específicamente en una ley provincial en clave departamento Islas del Atlántico Sur. Siempre pensábamos desde el lado del resto de Tierra del Fuego y no específicamente desde las islas”, señaló el funcionario.
Sin embargo, aclaró que la intención no es impedir el primer viaje del Danstar, previsto para principios de diciembre, sino avanzar con una herramienta normativa que permita actuar sobre futuras operaciones.
Cuándo comenzará a operar el buque chileno Danstar hacia las Islas Malvinas
El carguero Danstar fue contratado por la Falkland Islands Development Corporation para recuperar la conexión comercial directa entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.
La reactivación de esta ruta generó cuestionamientos desde Tierra del Fuego debido a sus implicancias políticas y diplomáticas. Aunque el intercambio comercial previsto no superaría los 20 millones de dólares, Dachary considera que la participación institucional de autoridades de Magallanes le otorga una dimensión que excede el acuerdo entre empresas privadas.
El funcionario también puso el foco en la contradicción que, a su entender, representa que sectores políticos chilenos promuevan vínculos comerciales con las islas mientras el país sostiene formalmente el reconocimiento del reclamo argentino de soberanía.
Por qué Argentina no puede impedir el paso de barcos por el Estrecho de Magallanes
Uno de los principales obstáculos para intervenir directamente sobre esta conexión marítima es el marco jurídico internacional que regula la navegación en la región.
El Tratado de Paz y Amistad firmado entre Argentina y Chile en 1984 establece el compromiso argentino de garantizar el derecho de los buques de todas las banderas a navegar de manera expedita y sin obstáculos por sus aguas jurisdiccionales hacia y desde el Estrecho de Magallanes.
A ese marco se suma la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que contempla el régimen de paso inocente.
En esa línea, el canciller argentino Pablo Quirno reconoció que el país no puede impedir ese tipo de tránsito marítimo. Por ese motivo, la estrategia que plantea Tierra del Fuego apunta a otro ámbito: el establecimiento de sanciones y mecanismos de control dentro de las competencias que considera propias sobre el departamento Islas del Atlántico Sur.
