La vida de dos vecinos de Alicante, España, cambió por completo cuando una discoteca se instaló en el sótano del edificio donde residían. Durante años, soportaron ruidos constantes y presentaron denuncias formales al Ayuntamiento, acompañadas de mediciones acústicas realizadas dentro de sus viviendas. Finalmente, llevaron el reclamo a la Justicia y el Tribunal de Instancia de Alicante les dio parcialmente la razón: condenó al municipio a pagarles 12.000 euros por daños morales.
La sentencia, dictada el 10 de septiembre de 2026 por la plaza número 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo, estableció que la actuación municipal vulneró los derechos de los demandantes a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio. Cada vecino recibirá 6.000 euros.
Denuncias y reclamos: años de quejas sin respuesta efectiva
El conflicto comenzó en 2022, cuando los afectados comunicaron formalmente al Ayuntamiento la situación el 15 de febrero y el 30 de julio. Las quejas continuaron en 2025, con una nueva denuncia en abril acompañada de un informe acústico, y reclamos posteriores el 19 de mayo, el 16 de julio (respaldado por más de 20 firmas) y el 8 de septiembre.
Los vecinos pidieron medidas concretas para controlar el ruido, incluso la suspensión temporal de la actividad de la discoteca. El 3 de noviembre de 2025 presentaron una reclamación administrativa previa, pero la respuesta municipal no fue suficiente.
Las mediciones nocturnas superaron los límites permitidos
Para respaldar el reclamo, los vecinos encargaron un informe pericial con mediciones realizadas dentro de sus viviendas entre noviembre y diciembre de 2024. Los registros detectaron niveles de ruido de entre 35,3 y 50,9 decibelios durante distintas noches.
El magistrado consideró que no se trataba de episodios aislados. En la resolución sostuvo que los niveles nocturnos habían superado de manera reiterada y relevante los límites establecidos y que el foco de ruido podía controlarse mediante medidas sobre una actividad que funcionaba bajo licencia.
Qué ordenó la Justicia y cómo sigue el caso
Además de la indemnización de 12.000 euros, el fallo exige que el Ayuntamiento realice una inspección acústica completa del establecimiento en un plazo máximo de un mes desde que la sentencia quede firme. El control deberá hacerse durante el funcionamiento habitual de la discoteca, en horario nocturno y en una franja representativa de máxima actividad.
La resolución no condenó directamente a los responsables del local, sino al Ayuntamiento por su respuesta insuficiente ante las denuncias. El fallo todavía no es firme y puede ser recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
