Una mujer que había alquilado un departamento en Normandía, Francia, para pasar parte del verano de 2025, se llevó una sorpresa inesperada al llegar: un andamio cubría una de las fachadas y paneles de madera tapaban buena parte de las ventanas, reduciendo la luz natural en varias habitaciones.
La estadía, que iba del 15 de julio al 24 de agosto, había sido abonada en su totalidad el 24 de junio, por un monto de 10.100 euros. Sin embargo, apenas un día después de iniciado el alquiler, el 16 de julio, la inquilina —a través de su abogado— notificó a la propietaria la decisión de resolver el contrato por las condiciones no informadas.
La estructura no solo afectaba la luminosidad, sino que también generaba preocupación por la seguridad, ya que podía facilitar el acceso desde el exterior. Además, el edificio estaba en plena obra, lo que sumaba ruidos y molestias.
El fallo judicial y los argumentos del tribunal
La mujer recurrió a la Justicia para reclamar la anulación del contrato y la devolución del dinero, además de una compensación por los perjuicios sufridos. El caso llegó al Tribunal Judicial de Lisieux, que analizó la situación y concluyó que la propietaria tenía la obligación de informar sobre las obras antes de cerrar el acuerdo.
Entre los elementos que tuvo en cuenta el tribunal, se destacó que la inquilina ya había alquilado el mismo departamento el verano anterior, cuando no existían andamios ni trabajos en curso. La dueña argumentó que la inquilina estaba al tanto de las obras porque había participado años atrás en una reunión de copropietarios donde se habló del proyecto de renovación, pero la Justicia consideró que no estaba probado que supiera cuándo comenzarían los trabajos.
La sentencia remarcó que los paneles de madera bloqueaban casi la mitad inferior de las ventanas y que la pérdida de luminosidad era significativa. También se sumaron comentarios de otros huéspedes que mencionaban ruidos y molestias por las obras.
La indemnización y el impacto de la resolución
El 30 de abril de 2026, el tribunal resolvió anular el contrato de alquiler y condenó a la propietaria a devolver los 10.100 euros cobrados. Además, le ordenó pagar 500 euros por daño moral, con intereses, y 1.200 euros adicionales por gastos del proceso y costas judiciales.
La Justicia consideró que la presencia de obras era un factor determinante para una persona que alquila un alojamiento de vacaciones, cuyo objetivo principal es descansar y disfrutar de la estadía. La falta de información previa sobre esa situación fue clave para la decisión.
