El Gobierno oficializó la flexibilización del acceso al financiamiento bancario en moneda extranjera para personas jurídicas que no pertenecen al sector exportador, una medida orientada a volcar la liquidez en dólares del sistema financiero hacia la inversión productiva y dinamizar la actividad económica.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 736/2026, publicado en el Boletín Oficial, el cual modificó el artículo 23 del Decreto 905/2002. Dicha normativa, establecida tras la crisis de 2001, restringía de forma estricta la concesión de préstamos en divisa estadounidense únicamente a prestatarios con ingresos directos o indirectos derivados del comercio exterior.
A partir del nuevo marco regulatorio, las entidades bancarias podrán utilizar hasta un tope del 15% del total de sus depósitos en dólares para otorgar financiamiento a empresas radicadas en el país, incluidas aquellas orientadas al mercado interno cuyos flujos de ingresos están denominados en pesos. La disposición está dirigida exclusivamente a personas jurídicas y excluye de manera taxativa a personas humanas.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, afirmó que el esquema busca corregir el desbalance entre el ahorro acumulado en los bancos y la oferta de financiamiento privado. “Va a bajar las tasas, va a generar empleo y va a ayudar a reactivar la economía”, señaló el funcionario, al tiempo que precisó que las empresas tomadoras de estos créditos deberán liquidar las divisas en el mercado oficial de cambios para convertirlas a moneda nacional.
Por su parte, el Banco Central de la República Argentina, presidido por el economista Santiago Bausili, estableció un conjunto de normas macroprudenciales para mitigar eventuales riesgos crediticios y de descalce cambiario.
Dentro de estas directrices técnicas, la autoridad monetaria determinó que las operaciones contemplarán una exigencia de capital mínimo equivalente al 125% en comparación con créditos estándar, computarán a razón de 1,25 veces para los límites de concentración y exposición crediticia, y obligarán a los bancos a evaluar la solvencia de las firmas frente a distintos escenarios de volatilidad en el tipo de cambio.
En el Palacio de Hacienda proyectan que la habilitación del esquema permitirá movilizar un volumen crediticio adicional de entre 6.000 y 10.000 millones de dólares.
Según indicaron desde el equipo económico, la medida atiende a una demanda de diversos sectores industriales y comerciales que enfrentaban limitaciones para fondear proyectos a mediano y largo plazo ante los costos de financiamiento vigentes en moneda local.
