La Justicia de Rosario tomó una medida inédita para conseguir que un deudor alimentario cumpla con sus obligaciones: ordenó incorporar la cuota alimentaria adeudada a la factura del servicio eléctrico. La empresa deberá cobrar el dinero y transferirlo al expediente judicial.
La resolución fue adoptada después de que distintas medidas aplicadas contra el moroso no consiguieran que regularizara su situación. El caso se convirtió así en un antecedente relevante para los procesos de familia en los que las vías tradicionales de cobro no resultan suficientes.
La medida busca garantizar que los hijos reciban el aporte económico que les corresponde y evitar que el incumplimiento de uno de los progenitores recaiga exclusivamente sobre quien tiene a su cargo el cuidado cotidiano.
Un fallo histórico en Rosario que sienta precedente contra deudores alimentarios
El caso fue resuelto por el Juzgado Unipersonal de Familia N° 11 de Rosario, luego de constatar que el demandado había incumplido de manera reiterada con el pago de la cuota alimentaria.
Ante esta situación, la magistrada dispuso que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) incorpore mensualmente a la factura de electricidad el monto correspondiente a la obligación alimentaria.
Una vez que el usuario abone el comprobante, la empresa deberá derivar ese dinero a la cuenta correspondiente al expediente judicial para que quede a disposición de la familia.
La particularidad de la resolución está en que la cuota alimentaria queda vinculada a un servicio esencial del hogar. Si el titular no paga la factura, se aplicará el régimen habitual previsto para los usuarios morosos, que puede incluir la suspensión del suministro.
De esta manera, la Justicia encontró una alternativa para intentar garantizar el cumplimiento de una obligación que había sido desatendida pese a las medidas adoptadas anteriormente.
Qué otras medidas previas se tomaron antes de llegar al cobro a través de la boleta de luz
La incorporación de la cuota alimentaria a la factura de electricidad no fue la primera herramienta utilizada para intentar conseguir el pago. Antes de llegar a esta instancia, el juzgado había dispuesto diferentes medidas contra el deudor.
Entre ellas se encontraban embargos sobre bienes, la inhabilitación del registro de conducir y la inclusión en el registro de deudores alimentarios. Sin embargo, las sanciones no lograron que el demandado regularizara la deuda.
El fracaso de estas alternativas llevó a la magistrada a buscar una medida diferente, vinculada directamente con los gastos cotidianos del hogar.
El mecanismo permite, además, reducir el margen de acción de quienes intentan evitar el cumplimiento de las cuotas mediante maniobras destinadas a ocultar ingresos, vaciar cuentas o desprenderse de bienes susceptibles de embargo.
La decisión parte de una premisa central en los procesos de familia: el pago de los alimentos destinados a los hijos no constituye una obligación secundaria, sino una responsabilidad que debe garantizarse de manera efectiva.
Cuáles fueron los argumentos jurídicos para tomar este fallo y qué impacto tuvo en otros tribunales
Uno de los principales fundamentos utilizados por la magistrada fue la protección constitucional de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La resolución consideró que el incumplimiento prolongado de la cuota alimentaria afecta directamente el desarrollo y bienestar de los menores.
El fallo también vinculó la falta de cumplimiento con la violencia económica, debido a que la ausencia del aporte de uno de los progenitores puede terminar sobrecargando económicamente a quien asume de manera cotidiana las tareas de cuidado.
Para implementar la medida, el juzgado recurrió al artículo 553 del Código Civil y Comercial, que habilita a los jueces a disponer medidas razonables destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias cuando las herramientas habituales no resultan eficaces.
La normativa permite, de esta manera, que los tribunales adopten soluciones específicas frente a situaciones en las que un obligado persiste en el incumplimiento.
El antecedente de Rosario no es un caso completamente aislado. Este tipo de medidas ya registra antecedentes en otras jurisdicciones argentinas, entre ellas Chaco, Corrientes, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
La utilización de las facturas de servicios públicos para incorporar obligaciones ajenas al consumo también generó cuestionamientos por parte de organismos vinculados al sector. Sin embargo, los tribunales que adoptaron este tipo de decisiones sostienen que, ante un incumplimiento persistente, debe prevalecer el interés superior de los niños y adolescentes.
¿Qué establece el artículo 553 del Código Civil y Comercial?
El artículo 553 contempla la posibilidad de que el juez adopte medidas destinadas a asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria. Se trata de una herramienta que permite recurrir a mecanismos diferentes de los procedimientos tradicionales cuando estos no alcanzan para garantizar el pago.
En el caso de Rosario, esta disposición fue utilizada como fundamento para implementar una alternativa de cobro vinculada directamente con la factura del servicio eléctrico.
El objetivo de la medida no es establecer una nueva forma general de cobrar cuotas alimentarias, sino responder a las características particulares de un expediente en el que las herramientas utilizadas previamente no habían conseguido resultados.
