Una cordobesa fue diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré luego de haber recibido la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus del laboratorio demandado.
Por Canal26
Miércoles 15 de Mayo de 2024 - 13:10
Una mujer demandó a AstraZeneca y al Estado argentino por $100 millones. Esto se debe a los efectos que experimentó tras haber recibido una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Flavia Ochoa tiene 39 años, es de Córdoba y reveló los síntomas que padece todavía en el presente.
"Estoy caminando poco, con andador, todos los días tengo alguna dolencia nueva, tengo afectadas las terminaciones nerviosas de las piernas, me había afectado también los brazos, pero logré recuperarlas", explicó en charla con la televisión local. Además, mencionó con pesar que no le dan "muchas más expectativas de recuperación".
El problema llegó con la tercera dosis, apenas unas horas después de haberse inoculado. "Empecé con unos calambres rarísimos pero muy dolorosos. Después no podía mover las piernas, al otro día no podía levantarme de la cama, me caí, después no pude mover los brazos tampoco", relató. Finalmente, fue diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré.
Según contó, "es una enfermedad autoinmune generada por algo externo que en mi caso fue la vacuna. No hay dudas de que lo fue porque tengo certificados de los médicos de que lo fue, daña las terminaciones nerviosas". Distintos médicos coincidieron en el diagnóstico, que incluye una cuadriparesia flácida, que deja una discapacidad del 90% para moverse.
Ochoa acudió a la Justicia producto de su incapacidad para trabajar. "Soy de escasos recursos. Vivía de mi trabajo y no puedo hacerlo más, dependo todo el tiempo de los demás. Mi pareja no tiene un trabajo estable tampoco, es artesano y en este momento tampoco puede trabajar con la artesanía", comentó sobre su presente.
Su denuncia fue presentada en el Juzgado Federal de Río Cuarto y la demanda por daños y perjuicios al Estado y a AstraZeneca busca que obtenga $100 millones de pesos distribuidos en diferentes puntos. $7,4 millones son por la incapacidad, otros $25,3 millones por el fondo de reparación de la Ley 27.573, otros $9,3 millones por el proyecto de vida, $7,5 millones por el daño moral, otros $1,5 por el daño a la pareja, $49,5 millones por daño punitivo y los $180 mil restantes por daño emergente.
Su defensa busca declarar la inconstitucionalidad de dos de las cláusulas de la Ley de Vacunas que marcan confidencialidad e imposibilita una demanda contra laboratorios. La víctima indicó que nunca hubo un contacto por parte del laboratorio o del gobierno de su provincia.
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