La profunda crisis política y social que atraviesa Bolivia abrió un nuevo escenario de debate institucional. Luego de más de un mes de protestas, bloqueos de carreteras y una creciente tensión entre el Gobierno y los sectores movilizados, comenzó a tomar fuerza la propuesta de adelantar un referéndum revocatorio para que la ciudadanía decida la continuidad del presidente Rodrigo Paz.
La iniciativa surge en un contexto marcado por la falta de acuerdos entre el Ejecutivo y los grupos que exigen la renuncia del mandatario. Los bloqueos, que comenzaron el pasado 6 de mayo, mantienen aisladas a las ciudades de La Paz y El Alto y se extendieron progresivamente a otras regiones del país, generando serios problemas en el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos e insumos esenciales.
Fracasan las negociaciones en Bolivia
Los intentos de acercamiento impulsados por el Parlamento, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y organizaciones defensoras de derechos humanos no lograron prosperar. La situación se agravó después de que la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz rechazaran participar de una mesa de diálogo con el Gobierno y ratificaran que la renuncia de Paz constituye su única demanda.
A esa postura se sumaron sectores de El Alto y grupos vinculados al expresidente Evo Morales, quienes también se niegan a negociar. Los manifestantes sostienen que apoyaron electoralmente a Paz en las elecciones de 2025 y ahora lo acusan de haberlos excluido de la gestión gubernamental. Además, denuncian supuestos intentos de privatización de empresas y servicios públicos, una acusación que el Ejecutivo rechaza de manera categórica.
Los opositores de Rodrigo Paz plantean un referéndum como única salida a la crisis
Frente al agravamiento del conflicto y la ausencia de avances en las negociaciones, comenzó a discutirse la posibilidad de convocar a un referéndum revocatorio extraordinario para el presidente, el vicepresidente y los miembros del Parlamento.
La propuesta fue impulsada por el diputado Carlos Alarcón, quien planteó la necesidad de habilitar un mecanismo constitucional que permita canalizar el descontento social mediante las urnas. Según explicó, la consulta podría realizarse en un plazo de entre 90 y 120 días.
“El camino no es romper la Constitución ni la democracia. Si los sectores movilizados quieren un cambio político, debe ser a través del voto popular”, sostuvo el legislador, aunque aclaró que se trata de una iniciativa personal y no de una posición oficial de su espacio político.
La Constitución boliviana establece actualmente que un referéndum revocatorio solo puede llevarse adelante cuando las autoridades hayan cumplido al menos la mitad de su mandato de cinco años. Por ese motivo, la propuesta requeriría una salida excepcional o algún tipo de acuerdo político que habilite su realización anticipada.
Alarcón señaló que, en caso de que Paz obtenga respaldo ciudadano en una eventual consulta, el Gobierno debería impulsar consensos para avanzar en reformas políticas y económicas destinadas a reducir la conflictividad. Por el contrario, si la mayoría vota por la revocación de su mandato, correspondería convocar a nuevas elecciones presidenciales y reorganizar el calendario institucional.
La idea recibió el apoyo del excandidato presidencial y exlegislador Andrónico Rodríguez, quien se distanció políticamente del sector liderado por Evo Morales. Rodríguez consideró que adelantar el referéndum podría transformarse en una herramienta para evitar una mayor escalada de violencia y contener el deterioro económico provocado por los bloqueos.
Sin embargo, los sectores más cercanos a Morales rechazaron de plano la propuesta y reiteraron que la única solución aceptable sigue siendo la renuncia inmediata del presidente.
Por ahora, Rodrigo Paz se limitó a afirmar que “pronto” habrá una solución al conflicto, aunque evitó brindar detalles sobre las medidas que evalúa su administración. Del otro lado, los sectores movilizados anunciaron que continuarán con las protestas, aunque prometieron habilitar corredores humanitarios para garantizar el ingreso de alimentos, medicamentos y oxígeno medicinal a hospitales y centros de salud.
La incertidumbre sigue dominando el escenario político boliviano mientras crecen las presiones para encontrar una salida que evite una mayor profundización de la crisis.
