La administración del presidente Donald Trump anunció la imposición de un arancel del 25 % sobre determinados productos importados desde Brasil, una decisión que profundiza las tensiones comerciales entre ambos países y que llega tras la conclusión de una investigación iniciada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
La medida fue confirmada por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), que sostuvo que la investigación determinó que varias políticas y prácticas aplicadas por el Gobierno brasileño resultan “irrazonables” y generan restricciones para el comercio estadounidense.
Según el informe oficial, Washington cuestiona aspectos vinculados al comercio digital, los servicios de pago electrónico, la aplicación de aranceles preferenciales considerados discriminatorios, el cumplimiento de normas anticorrupción, la protección de la propiedad intelectual, las condiciones de acceso al mercado brasileño del etanol y la utilización de tierras afectadas por la deforestación ilegal.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, aseguró que la decisión busca proteger los intereses económicos del país frente a prácticas que la Casa Blanca considera desleales. De acuerdo con el funcionario, las conversaciones mantenidas con Brasil durante el último año no permitieron alcanzar un acuerdo que resolviera las diferencias entre ambas partes.
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No obstante, Greer aclaró que el Gobierno estadounidense mantiene abierta la posibilidad de continuar negociando con Brasil si existe voluntad para modificar las políticas cuestionadas.
El funcionario también acusó a Brasil de perjudicar a empresas tecnológicas estadounidenses mediante regulaciones que afectan su actividad, además de señalar un supuesto retroceso en la aplicación de medidas anticorrupción. A ello sumó críticas por la utilización de tierras obtenidas a través de la deforestación ilegal, una situación que, según Washington, otorga ventajas competitivas a productores brasileños frente a los agricultores estadounidenses.
Desde la perspectiva de Estados Unidos, estas condiciones han dificultado el acceso de trabajadores, exportadores y empresas norteamericanas al mercado brasileño, justificando así la adopción de medidas comerciales más severas.
La investigación que derivó en los nuevos aranceles se extendió durante un año e incluyó consultas formales con el Gobierno de Brasil, además de dos audiencias públicas en las que participaron representantes del sector privado, organizaciones empresariales y especialistas en comercio internacional.
En total, la USTR recibió más de 360 presentaciones escritas y escuchó el testimonio de 77 participantes antes de recomendar la aplicación de los nuevos gravámenes.
La decisión de la administración Trump abre un nuevo capítulo de fricción comercial con Brasil y podría derivar en una respuesta del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, mientras ambos países evalúan el impacto que la medida tendrá sobre el intercambio bilateral y las futuras negociaciones económicas.
