Costa Rica, durante décadas reconocida como una de las democracias más estables y pacíficas de América Latina, se prepara para inaugurar una de las cárceles más grandes y seguras de la región. El gobierno de la presidenta Laura Fernández impulsa la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO), una prisión de máxima seguridad que busca convertirse en el emblema de su política contra el crimen organizado.
Ubicado en la provincia de Alajuela, a unos 20 kilómetros al noroeste de San José, el complejo ya alcanzó un avance de obra del 89%. Imágenes difundidas por el Ministerio de Justicia muestran extensos pabellones, celdas, pasillos, áreas sanitarias y sistemas de vigilancia de alta complejidad aún en construcción.
La futura prisión tendrá capacidad para albergar a 5.000 internos, equivalente a alrededor del 25% de toda la población penitenciaria costarricense. El objetivo principal es concentrar a los reclusos considerados más peligrosos y evitar que continúen dirigiendo actividades criminales desde las cárceles.
La influencia del modelo de Nayib Bukele en la megacárcel de Costa Rica
La iniciativa está inspirada parcialmente en las políticas de seguridad impulsadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuya ofensiva contra las pandillas transformó el debate regional sobre el combate al crimen.
Fernández hizo de la seguridad uno de los ejes centrales de su campaña electoral y defendió la necesidad de endurecer la respuesta estatal frente a la violencia ligada al narcotráfico. Tras ganar las elecciones, afirmó que Costa Rica no debía seguir brindando “comida, protección y techo” a delincuentes que continúan operando bandas criminales desde prisión.
La cercanía política entre ambos gobiernos quedó reflejada en la participación de Bukele durante el inicio de las obras en enero. En esa oportunidad, el mandatario salvadoreño sostuvo que Costa Rica tenía la oportunidad de actuar antes de enfrentar niveles de criminalidad similares a los que vivió El Salvador en el pasado.
El avance del narcotráfico detrás del endurecimiento del sistema penitenciario en Costa Rica
La apuesta de la presidenta responde a una creciente preocupación social por la inseguridad. Al cumplir 100 días de gobierno, el pasado 19 de agosto, Fernández reiteró que la seguridad nacional sigue siendo la principal inquietud de los costarricenses y aseguró que su administración le otorgará máxima prioridad.
El debate surge en un país que construyó buena parte de su identidad política tras la abolición del Ejército en 1948 y el desarrollo de un sólido Estado de bienestar. Sin embargo, durante los últimos años la violencia se incrementó y la tasa de homicidios alcanzó niveles récord.
Especialistas en narcotráfico y autoridades estadounidenses atribuyen parte de ese fenómeno a la creciente importancia de Costa Rica como punto estratégico para el tránsito de cocaína sudamericana con destino a Estados Unidos y Europa, un escenario que alteró el tradicional perfil de seguridad del país centroamericano.
Críticas por derechos humanos y temor a un giro autoritario
A pesar del respaldo que la iniciativa cosecha entre sectores de la población, el proyecto también despertó cuestionamientos. El analista Marco Feoli sostuvo que la estrategia reproduce la “espectacularidad” del modelo salvadoreño y advirtió que Costa Rica enfrenta una realidad diferente, sin la presencia dominante de organizaciones como las maras.
Las opiniones entre los ciudadanos también aparecen divididas. Mientras muchos apoyan medidas más duras para recuperar la tranquilidad perdida, otros dudan de que el endurecimiento del sistema penitenciario sea suficiente para reducir la criminalidad.
Para la oposición y analistas, el debate trasciende la construcción de una cárcel. Consideran que Fernández, heredera política del expresidente Rodrigo Chaves y ganadora de las elecciones con más del 48% de los votos, busca impulsar una transformación profunda del modelo institucional costarricense mediante reformas al sistema judicial y a las leyes de seguridad. Sus críticos advierten sobre el riesgo de una concentración de poder similar a la impulsada por Bukele en El Salvador, mientras el gobierno sostiene que el país necesita respuestas frente al avance del crimen organizado.
