El gobierno de Donald Trump activó una nueva ofensiva internacional contra Daniel Ortega y Rosario Murillo, presidentes de Nicaragua. Tras la sanción de una polémica reforma constitucional que excluye a la oposición de futuras elecciones y estira el mandato presidencial a siete años, Washington reclamó a sus aliados la ruptura total de los vínculos con Managua.
El secretario de Estado, Marco Rubio, encabezó la embestida a través de un comunicado oficial donde pidió “poner fin de inmediato a las operaciones habituales con esta brutal dictadura”. La directiva busca asfixiar a una cúpula atrincherada en el poder desde hace casi dos décadas.
Frente al avance de las sanciones occidentales, Nicaragua consolidó una alianza estratégica con potencias rivales de Estados Unidos. Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), detalló el rol de cada actor. “China ha sido un socio importante, especialmente por las inversiones en minería, principalmente oro. Rusia tiene mayor peso en asuntos militares, con entrenamiento de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Irán también mantiene relaciones con Managua, aunque con un peso económico mucho menor que China”, dijo.

A este bloque se suman Venezuela y Cuba. Sin embargo, Diana Luna, analista política de la Fundación Friedrich Naumann, relativiza el alcance real de este blindaje internacional. “Estos apoyos externos vienen con declaraciones y, a veces, visitas de Estado, pero poco apoyo material. Lo que vimos con Venezuela demuestra que estos aliados no están dispuestos a arriesgarse”, expresó.
La contradicción de EEUU con Nicaragua
El ultimátum de Rubio exhibió una grieta estructural: el propio Estados Unidos figura como el principal socio comercial y sostén económico del régimen sandinista.
“Es una tremenda contradicción que tanto las administraciones de Trump como la de Biden hayan mantenido relaciones económicas con Nicaragua”, señaló Méndez, quien también cuestionó el objetivo final de la medida: “No se entiende más bien a qué llamado específico hace el secretario Rubio de romper relaciones con Nicaragua”.
Los números expusieron la magnitud de los vínculos. Durante 2025, el intercambio bilateral trepó a los 7.400 millones de dólares. En esta línea, un informe citado por Luna desnuda la debilidad del relato oficial nicaragüense: “El antiimperialismo de los Ortega-Murillo descansa materialmente sobre el mercado de su enemigo declarado Estados Unidos”.
Mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a sus cancilleres para abordar la crisis, el mapa diplomático comenzó a reconfigurarse. “Obviamente hay países en donde es más claro que puede haber una inclinación o más propensos a responder al llamado del secretario Rubio, como es el caso de Panamá, que después de la reforma constitucional ya retiró a su embajador en Managua, también hay un margen para que Costa Rica lo haga, al igual que otros países centroamericanos”, proyectó Méndez.
“En los círculos diplomáticos europeos se escucha mucho la pregunta de hasta cuándo es posible sostener una embajada en Nicaragua, porque la situación de la oposición y de la libertad de prensa es cada vez peor”, sumó Luna.
A pesar de eso, el impacto de una ruptura total generó alertas sobre las consecuencias humanitarias. “¿Cuál sería el impacto que eso tendría en la población nicaragüense y no tanto en desarticular el poder o provocar una transición del país?”, se preguntó Méndez, quien advirtió: “No veo que se haga un llamado también a un diálogo con el régimen”.














