El juez Juan Carlos Peinado dictó el auto para enviar a juicio, ante un jurado popular, a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como presunta autora de los delitos de tráfico de influencias y malversación, según informó la agencia de noticias EFE.
El magistrado, que estuvo a cargo de la investigación, tomó esta decisión antes de jubilarse esta semana y, en el mismo auto, resolvió no imponerle ninguna medida cautelar.
Sin embargo, Peinado ordenó investigar la “capacidad económica” de Begoña Gómez y solicitó sus cinco últimas declaraciones fiscales, ante la posibilidad de que eventualmente se le impongan responsabilidades económicas.
Además, estableció la obligación de que Gómez permanezca “en todo momento” a disposición del juzgado y de la Audiencia Provincial de Madrid, organismo que ahora deberá recibir la causa y determinar la fecha del juicio. También tendrá que informar cualquier cambio de “domicilio o paradero”.
Con esta resolución, Peinado pone fin a una investigación que comenzó hace casi dos años y medio a partir de una denuncia presentada por el autodenominado sindicato Manos Limpias, basada en informaciones periodísticas.
Inicialmente, el juez había dispuesto que Gómez fuera juzgada por un jurado popular por cuatro delitos: tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida y corrupción en los negocios. Según la investigación, los hechos estarían vinculados con su actividad profesional cuando codirigía una cátedra pública de la Universidad Complutense de Madrid.
Sin embargo, tras un recurso presentado por la defensa, la Audiencia Provincial de Madrid resolvió que el procedimiento continuara por la vía del juicio con jurado únicamente por los delitos de tráfico de influencias y malversación, mientras que sobreseyó los otros dos cargos.
En su resolución de este lunes, el juez sostiene que hubo un “cambio radical” en la trayectoria profesional de Begoña Gómez cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno, en junio de 2018. Según Peinado, desde entonces se produjeron “decisiones públicas favorables” a la cátedra que codirigía su esposa, que “pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional”.
Solicitan una pena de 13 años de prisión para Begoña Gómez
El magistrado también sostiene que Gómez “proyectaba simultáneamente su posición institucional, su actividad académica y sus relaciones con directivos y empresas con intereses o vínculos con el sector público” en el marco de la financiación de la cátedra.
Al proceso se sumaron distintas acusaciones populares, coordinadas por la organización Hazte Oír, que solicitan una pena de 13 años de prisión para Gómez. En la causa también está acusada su asesora, Cristina Álvarez, por un delito de malversación.
Desde el Gobierno español cuestionaron la decisión del juez de llevar a juicio a Begoña Gómez. Fuentes oficiales calificaron la investigación de “arbitraria e injusta” y sostuvieron que responde a una persecución judicial por su condición de esposa del presidente Pedro Sánchez.
Además, desde el Ejecutivo insistieron en la inocencia de Gómez y señalaron que mantienen su confianza en que el jurado “impartirá justicia”.
La investigación contra Begoña Gómez fue utilizada de manera recurrente por la oposición política al socialista Pedro Sánchez para cuestionar su gestión y vincularlo con presuntos hechos de corrupción.
Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE.
