Brasil decidió frenar uno de los negocios digitales que más rápido crecieron durante los últimos años. El viernes 25 de septiembre, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó una medida provisoria que prohíbe la explotación, la oferta, la intermediación y la publicidad de las apuestas de cuota fija en todo el país, tanto deportivas como vinculadas con juegos de casino online.
La decisión se tomó después de que las cifras oficiales expusieran la magnitud alcanzada por las llamadas “bets”. Durante 2025, un total de 25.245.319 brasileños identificados por CPF realizaron al menos una apuesta en el mercado regulado. Es decir, una cantidad de usuarios equivalente a más del 10% de toda la población de Brasil.
Entre todos acumularon 87,6 millones de cuentas activas en empresas operadoras y más de 100,7 millones de cuentas en diferentes marcas, porque una misma persona podía registrarse en varias plataformas.
Los tremendos números de las apuestas en Brasil
El dato económico más contundente aparece en los informes de la Secretaría de Premios y Apuestas, dependiente del Ministerio de Hacienda. En 2025, los operadores regulados registraron un Gross Gaming Revenue, o GGR, de 36.959 millones de reales (aproximadamente 7.000 millones de dólares o $10.808 millones).
El GGR representa la diferencia entre todo el dinero apostado y los premios pagados, por lo que puede considerarse el ingreso bruto retenido por las empresas antes de descontar otros costos.
Esto significa que los casi R$ 37.000 millones no corresponden al volumen total de apuestas realizadas. La suma efectivamente jugada fue mucho mayor, debido a que el mismo dinero puede utilizarse varias veces después de cada premio o devolución. Como referencia, una estimación del Banco Central calculó que el sector había movido cerca de R$ 130.000 millones solamente durante 2024.
El salto fue vertiginoso. En el primer semestre de 2025, el mercado regulado ya reunía 17,7 millones de apostadores únicos y había generado aproximadamente R$ 17.400 millones de ingresos brutos. En apenas seis meses, las empresas debieron destinar R$ 2.140 millones, equivalentes al 12% de esos ingresos, a las finalidades sociales establecidas por la legislación brasileña.
Al cierre de 2025, las transferencias legales acumuladas ascendieron a R$ 4.532 millones, mientras que la tasa de fiscalización pagada por las compañías llegó a R$ 95,4 millones. Así, las cifras mostraban que la regulación comenzaba a generar recursos fiscales, aunque no conseguía contener los efectos económicos, sociales y sanitarios asociados con el crecimiento de las apuestas.
El fútbol, principal vidriera del boom de las apuestas en Brasil
Las casas de apuestas ya eran uno de los grandes motores financieros del fútbol: en 2025 aportaron R$ 1.143 millones a los 20 clubes de mayores ingresos, el equivalente al 36% de sus cobros por marketing. Entre los acuerdos más importantes aparecían Betano con Flamengo, por R$ 268,5 millones; Esportes da Sorte con Corinthians, por R$ 150 millones; Superbet con São Paulo, por R$ 113 millones; y Sportingbet con Palmeiras, por R$ 100 millones anuales.
La prohibición golpea de lleno ese modelo: 14 de los 20 equipos de la Serie A tenían una bet como patrocinador principal y sus contratos fijos para 2026 sumaban al menos R$ 910 millones, sin contar premios por títulos y rendimiento. No se trata solo de retirar marcas de las camisetas, sino de cubrir de inmediato un agujero capaz de alterar presupuestos, planteles y contrataciones en buena parte del fútbol brasileño.
Millones de cuentas y un impacto directo sobre las familias
La multiplicación de usuarios encendió las alarmas por el nivel de exposición de los hogares. Una auditoría del Tribunal de Cuentas de la Unión recordó que, en septiembre de 2024, unos cinco millones de beneficiarios de Bolsa Família transfirieron R$ 3.000 millones a plataformas de apuestas mediante Pix.
El organismo también citó estudios según los cuales la participación de las apuestas en el presupuesto familiar se había triplicado desde 2018 y el impacto era cinco veces mayor entre las clases de menores ingresos.
Otros datos incorporados por el tribunal dimensionaron el problema financiero. Una investigación del Instituto Locomotiva señaló que el 86% de los apostadores tenía deudas, mientras que el 64% figuraba con antecedentes negativos en Serasa y el 63% destinaba una parte relevante de sus ingresos mensuales al juego.
El costo trascendía la economía doméstica. Estudios citados por organismos de control estimaron que los efectos sanitarios de las apuestas podían alcanzar unos R$ 30.000 millones anuales, al incluir tratamientos por ansiedad y depresión, pérdida de productividad y consecuencias vinculadas con los casos más graves de adicción.
El mercado ilegal, el otro gran problema
La regulación tampoco consiguió eliminar las plataformas clandestinas. Una auditoría del Tribunal de Cuentas de la Unión estimó que entre el 41% y el 51% del mercado brasileño continuaba en manos de operadores no autorizados, con movimientos que podían llegar a R$ 40.000 millones por año. Estas páginas no estaban sujetas a las reglas de identificación de usuarios, prevención del lavado de dinero, protección del consumidor o juego responsable exigidas a las compañías habilitadas.
Hasta diciembre de 2025, las autoridades habían ordenado bloquear aproximadamente 25.000 direcciones de internet relacionadas con apuestas ilegales. Según el Ministerio de Hacienda, durante 2026 se habían enviado a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones pedidos para bloquear 57.691 direcciones, de las cuales 10.590 fueron detectadas solamente en septiembre.
