
Siete personas que eran sometidas a presuntas condiciones de explotación laboral fueron rescatadas durante una serie de allanamientos realizados en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza. En el operativo, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a dos hermanos, de 65 y 68 años, acusados de explotar a los trabajadores en establecimientos rurales.
El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos del Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, en el marco de una investigación ordenada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, a cargo del juez Juan Manuel Culotta, con intervención de la Secretaría N° 9.
La investigación permitió determinar que, en cuatro campos dedicados a la producción frutihortícola, las víctimas eran obligadas a trabajar en condiciones de explotación y habitaban en un contexto de extrema precariedad.
Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó cuatro allanamientos simultáneos en los predios rurales. Durante los operativos participaron grupos especializados de contención y operadores de drones, que realizaron sobrevuelos para localizar rápidamente a las víctimas y garantizar su seguridad.

Como resultado del procedimiento, los agentes rescataron a siete personas y detuvieron a dos hermanos argentinos, de 65 y 68 años, señalados como los responsables de la explotación laboral. Además, se secuestró documentación y otros elementos de interés para la investigación.
Las víctimas fueron asistidas por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas del Delito de Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Justicia, donde recibieron contención y protección.

Por su parte, los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal, acusados de infringir la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.
Caballito: rescataron a 10 mujeres explotadas sexualmente en un falso spa y detuvieron a una mujer
La Policía de la Ciudad rescató a diez mujeres que eran víctimas de explotación sexual durante un allanamiento realizado en una falsa casa de masajes tipo spa ubicada en la calle Beauchef al 500, en el barrio porteño de Caballito. En el operativo fue detenida una mujer de nacionalidad paraguaya, acusada de administrar el lugar.
La investigación se inició el pasado 16 de abril a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre la presunta explotación sexual de mujeres en el lugar y la constante salida y entrada de hombres.
La investigación y el allanamiento
Tras recibir la denuncia, intervino la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad, que llevó adelante diversas tareas investigativas para corroborar los hechos y determinar la posible comisión de delitos vinculados con la trata de personas y la explotación sexual.
Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó el allanamiento del lugar, la identificación de todas las personas presentes y el secuestro de elementos de interés para la causa.
El procedimiento contó además con la participación de personal de la Dirección General de Protección Familiar contra las Víctimas de la Ciudad, de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).
Qué encontraron en el falso spa
Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron a 11 mujeres y tres hombres, todos mayores de edad. Luego de ser identificadas por personal de Migraciones, las mujeres fueron entrevistadas por equipos especializados, que determinaron que diez de ellas eran víctimas de explotación sexual.
Durante la requisa, los investigadores secuestraron 32 teléfonos celulares, dinero en efectivo, anotaciones y un posnet, elementos considerados de relevancia para el avance de la causa.
Por su parte, la Agencia Gubernamental de Control dispuso la clausura del establecimiento, mientras que la Justicia ordenó el cierre del inmueble, el secuestro de los elementos hallados y la detención de una ciudadana paraguaya, señalada como recepcionista y administradora del lugar. Además, se implantó una consigna policial en el domicilio.
La causa es investigada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 1, a cargo de Rodolfo Adán Ariza Clerici, y la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 26, encabezada por Rocío Zapata.


















