Aduana de Buenos Aires, foto TripAdvisor
Aduana de Buenos Aires, foto TripAdvisor

A través del DNU 252/2026, el Gobierno oficializó una reforma integral al Régimen de Aduana en Factoría (RAF). El objetivo será desarticular las barreras de un sistema que el Ejecutivo calificó como “obstructivo” para ampliar los beneficios de importación de insumos a todo el arco industrial, por lo que dará por terminada la exclusividad que históricamente mantuvo el sector automotor.

Qué es el Régimen de Aduana en Factoría (RAF) y qué cambia

El régimen permite importar insumos sin abonar tributos al momento del ingreso, siempre que se destinen a la producción. Si el bien final se exporta, no paga impuestos. Si se destina al mercado interno, el pago se realiza recién al momento de la venta. Con la nueva normativa, los cambios principales son:

  • Eliminación de “aduanas paralelas”: se suprime la exigencia de firmar actas-convenio entre el Gobierno y las cámaras empresariales, práctica que el texto oficial definió como “restrictiva de la competencia”.
  • Trámite directo: las empresas deberán presentarse ante la Secretaría de Industria y ARCA, eliminando intermediarios.
  • Plazos de respuesta: la Dirección General de Aduanas tendrá un máximo de 60 días para expedirse una vez cumplimentados los requisitos.
Containers en la Aduana
Containers en la Aduana

Inclusión de proveedores y nuevos sectores al Régimen de Aduana en Factoría (RAF)

Una de las modificaciones centrales es que el beneficio ya no es exclusivo para los titulares de plantas industriales. El nuevo esquema pasa a incluir también a sus proveedores, quienes podrán adherirse como “asociados”. Esto permite que los proveedores importen mercadería para producir bienes intermedios que luego se integrarán al producto final de una planta adherida al RAF.

Hasta ahora, el rubro automotor concentraba el uso de esta herramienta. Con la flexibilización, el Gobierno busca captar sectores que representan el grueso de la industria manufacturera, tales como:

  • Maquinaria agrícola y metalmecánica.
  • Hidrocarburos.
  • Industria alimenticia y autopartes.

El decreto también modifica el sistema de garantías, eliminando la obligatoriedad de una “garantía global única”. A partir de ahora, cada firma podrá elegir la alternativa que mejor se adapte a su situación bajo el Código Aduanero, lo que según el Ejecutivo resultará en “menos costos de transacción” y una estructura operativa más ágil.

La medida entrará en vigor en 60 días. Durante este periodo, la Secretaría de Industria dictará la reglamentación complementaria y los criterios de admisibilidad. A pesar de la flexibilización, el decreto remarca que las empresas deberán seguir “demostrando solvencia patrimonial” y mantener al día sus obligaciones tributarias y previsionales.