Reunión de la mesa política del Gobierno.
Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

El Gobierno convocó a su mesa política para este viernes 24 de abril con el objetivo de delinear el plan de acción y las urgencias en el Congreso. El encuentro se producirá en la antesala de la presentación de Manuel Adorni frente a la Cámara de Diputados en un clima condicionado por tensiones internas, la causa judicial que atraviesa el jefe de Gabinete, baches técnicos y frentes abiertos en la Justicia. Desde Casa Rosada, reconocieron que la planificación legislativa para los próximos meses todavía se encuentra en proceso de elaboración.

El principal punto de fricción es la actualización del Código Penal: en el entorno de Javier Milei admitieron que el borrador aún está siendo auditado y su envío a las cámaras no es inminente. Por otro lado, se coordinará el impulso al esquema de Reforma Electoral que el presidente rubricará este miércoles 22 tras su regreso de Israel, que contempla:

  • La eliminación de las PASO.
  • La implementación de la Ficha Limpia.
  • Modificaciones en el sistema de fondeo público de las agrupaciones partidarias.
Mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

La reunión de la mesa política coincidirá con un rebrote de tensiones en redes sociales entre facciones que responden a Karina Milei y a Santiago Caputo. Este ruido interno convive con las derivaciones judiciales que afectan a Manuel Adorni y las discrepancias sobre la gestión de daños ante el impacto en la opinión pública. Sin embargo, la conducción del Gobierno ratificó su apoyo total al jefe de Gabinete y descarta cualquier contacto previo con la prensa antes de su exposición del próximo 29 de abril.

Por otra parte, en la cumbre se destacará la modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad por su incidencia directa en el Presupuesto 2026. A esto se suman el proyecto de Propiedad Privada y la denominada Ley Hojarasca de Federico Sturzenegger, que planea derogar 70 leyes consideradas como obsoletas y ya obtuvo dictamen de comisión el pasado martes 21.

En paralelo, la reforma de la Ley de Salud Mental y el diseño de un texto definitivo para el Financiamiento Universitario tras el revés judicial que obliga a su cumplimiento quedaron relegados a un segundo plano.

Respecto a las relaciones exteriores, el Gobierno analiza cómo viabilizar el tratado de patentes y el convenio mercantil solicitado por Estados Unidos. Sin embargo, la Casa Rosada argumenta que aún resta documentación técnica proveniente de Washington para avanzar, situación similar que traba la incorporación al Consejo de la Paz.

Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

Finalmente, las reformas de fondo pactadas con el FMI -que incluyen cambios tributarios, previsionales, aduaneros y del mercado de capitales- serán postergadas. “No están listas”, confesaron a TN fuentes oficiales. La especulación es que este bloque de leyes se envíe recién después de la finalización del Mundial 2026.

Por último, la reunión de mesa política del viernes también servirá para definir el tono de Adorni ante Diputados el próximo miércoles 29 de abril, donde se espera una postura combativa hacia la oposición. El objetivo final es salir de la reunión con una hoja de ruta simplificada que permita retomar la iniciativa política.

Sigue en Tribunales: el Gobierno prepara una contraofensiva ante el juez que frenó la Reforma Laboral

El gobierno de Javier Milei tomó la decisión de escalar el conflicto con el juez Raúl Ojeda, responsable de haber dictado la medida cautelar a favor de la CGT que paralizó parte de las modificaciones de la Reforma Laboral. La estrategia consistirá en articular una serie de presentaciones legales que se irán conociendo a medida que se oficialicen.

“La decisión es avanzar a través de diferentes vías”, dijeron a TN desde Casa Rosada. Esta avanzada gubernamental se sumará a una denuncia penal ya radicada de forma independiente por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, organización que solicitó investigar al juez bajo la figura de “abuso de autoridad”.

Más allá del freno a la Reforma Laboral, el malestar del Gobierno se disparó por la resolución en la que Ojeda puso en duda la capacidad de intervención de la Procuración del Tesoro. El juez cuestionó la participación del procurador Sebastián Amerio y de sus subprocuradores bajo el argumento de que no contaban con la matrícula correspondiente para actuar en dicho expediente.