El oficialismo logró aprobar y convertir en ley en la Cámara de Diputados el proyecto que autoriza el plan de pago a los dos últimos grupos de acreedores con demandas activas contra el Estado nacional por el default de la deuda del 2001.
Con 139 votos a favor y 97 en contra, la iniciativa recibió media sanción que le restaba para convalidar los acuerdos de conciliación celebrados con los tenedores de deuda, a escasos días del 30 de junio, el último día del plazo acordado con los fondos buitre.
El acuerdo implica pagar US$ 67 millones de dólares para Bainbridge Ltd. y US$ 104 millones al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP) de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción.
La letra chica del proyecto
El entendimiento con los fondos buitre adopta como mecanismo de pago el formato internacional de Entrega contra Pago (DVP), por el cual los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos.
En tanto, se dejó establecido que serán los holdouts quienes afrontarán los costos legales generados por el litigio.
Además, se incluyó una cláusula de standstill, que le prohíbe a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.
La aprobación en el Congreso nacional permite dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos del país, incluyendo acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
Fuertes discusiones en el debate previo
El diputado oficialista Bertie Benegas Lynch, aseguró que con el pago a los dos fondos buitres se buscará cerrar después de 25 años “esta herida de deshonra internacional”.
El libertario acusó al kirchnerismo de “ser irresponsables y sinvergüenzas políticos porque votaron una cesación de pagos arrastrando a los argentinos a una nueva aventura de decadencia”, en referencia a la ley de Pago Soberano del año 2014.
Al defender el dictamen de mayoría que autoriza a pagar 171 millones de dólares a los fondos buitres Bainbridge Ltd. y con el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, Benegas Lynch dijo que “pasamos por la vergüenza de pasar por los procesos de Discovery y los embargos judiciales”.
El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda destacó que en los acuerdos de conciliación “se negoció una condición de quita un 30% de este remanente”.
Además destacó que se exime al Estado de “pagar honorarios legales, lo que no es poca cosa”. “Generalmente en esta conciliaciones lo tiene que pagar el Estado”, acotó Benegas Lynch. Por otro lado, resaltó el hecho de que “los acreedores se hayan comprometido a no hacer nuevas acciones legales”.
“¿Qué pasa si no la aprobamos? Los acuerdos conciliatorios se caen y se reactivan todas las medidas de litigio y se empiezan a acelerar las instancias judiciales”, explicó.
A su turno, el diputado nacional de Unión por la Patria Itai Hagman advirtió que se trata de “un paso más de un procedimiento que tiene un único objetivo: volver a endeudar a nuestro país”.
El economista de Patria Grande cuestionó el proceso de negociación: “El Estado argentino negoció una sentencia con fondos buitres sin saber sobre qué título estaba negociando, se enteró después”.
Y agregó: “Nos enteramos más de este proceso de negociación que lleva adelante el estado argentino por el reporte del Fondo Monetario Internacional que por los funcionarios argentinos”.
Sobre el marco legal, Hagman recordó que “hay una ley vigente en la Argentina que dice que no se le puede dar un trato preferencial a un grupo minoritario por sobre la mayoría de los acreedores”.
Por último, alertó: “¿Qué creen que va a generar esto que estamos discutiendo hoy, si no es un nuevo ciclo de endeudamiento y, por lo tanto, una nueva crisis financiera en nuestro país?”.
