La intendenta del municipio tucumano de Graneros, Raquel Alejandra Graneros, enfrenta una denuncia formal ante el Fuero Penal de la provincia por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. La presentación judicial solicitó que se investigue el origen de los fondos utilizados para la adquisición de una propiedad de lujo ubicada en la localidad de Yerba Buena.
El hecho tomó estado público tras la difusión de documentación que vincula a la jefa comunal de 29 años con una residencia de fin de semana valuada entre 1 millón y 1,2 millones de dólares, emplazada en el sector 12 del country Las Yungas, sobre los lotes 70 y 71.
De acuerdo con los datos aportados en la querella, la transacción inmobiliaria se habría concretado en octubre de 2023 en coincidencia con el primer año de gestión de Graneros al frente del municipio. El escrito señaló como elemento central que la compra se habría realizado íntegramente en efectivo y sin recurrir a créditos hipotecarios, aspecto sustentado en la ausencia de registros de deudas de ese tipo ante el Banco Central.
En el texto presentado ante la Justicia se remarcó el contraste entre la adquisición del inmueble y la realidad socioeconómica del municipio, catalogado como una de las zonas con mayores índices de vulnerabilidad social e infraestructura de la provincia. A su vez, se adjuntaron liquidaciones de expensas que señalan que los gastos de mantenimiento de ambos lotes superan los 1,1 millones de pesos mensuales ($570.090 por un lote y $566.690 por el otro).
La presentación judicial se dio en medio de un escenario de tensión local en Graneros, donde diez vecinas del municipio que reclamaban obras públicas por inundaciones tras sufrir pérdidas por temporales resultaron imputadas en una causa penal por presuntas amenazas, iniciada por la propia jefa comunal y su entorno familiar.
Hasta el momento, y tras la radicación de la denuncia por enriquecimiento ilícito y la divulgación de las liquidaciones de expensas, la intendenta se mantuvo en silencio. La investigación judicial deberá determinar si los ingresos de la funcionaria, vinculada a la administración pública desde 2015, resultan compatibles con la operación inmobiliaria declarada.
