El diputado de Las Fuerzas del Cielo, Agustín Romo, presentó una iniciativa en la Legislatura bonaerense con el propósito de establecer el cobro por la utilización de hospitales públicos y universidades a ciudadanos extranjeros que no puedan demostrar residencia permanente en el país.
“Universidad pública y gratuita para los argentinos. Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian. Échenlos a todos. Me importa un carajo si les falta un final para recibirse. Que hagan la carrera otra vez en el país donde nacieron [sic]“, tuiteó el legislador porteño.
La iniciativa de Agustín Romo tiene la firma de 18 de los 20 integrantes del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y también la del diputado del PRO Alejandro Rabinovich.
¿Qué dice la iniciativa del legislador libertario?
El proyecto de ley propone implementar un sistema de arancelamiento para las prestaciones de salud brindadas por los hospitales públicos de la provincia y para los estudios de grado que se cursen en universidades provinciales de gestión estatal. La medida estará dirigida a personas extranjeras que no puedan acreditar residencia permanente en la Argentina, aunque contempla una serie de garantías y excepciones expresamente previstas en la norma.
En materia sanitaria, la iniciativa establece que los extranjeros con residencia temporaria o transitoria, autorización precaria o situación migratoria irregular deberán contar con un seguro de salud, la cobertura de un tercero responsable o afrontar el costo de la atención para acceder a prestaciones programadas o no urgentes. El dinero que se obtenga de esos gastos se dirigirá prioritariamente a aseguradoras, obras sociales, terceros obligados o Estados extranjeros con los que existan convenios vigentes y, solo en ausencia de esas coberturas, recaerá sobre el paciente.
Sin embargo, el proyecto garantiza que ninguna persona podrá ser rechazada ni verá restringido su acceso a la atención médica en casos de urgencia o emergencia que impliquen riesgo inminente para la vida. En esas situaciones, la asistencia deberá brindarse de manera inmediata y cualquier trámite destinado al recupero de los costos se realizará una vez que el paciente haya sido estabilizado.
Entre las excepciones al régimen de arancelamiento, el texto incluye a las víctimas de trata de personas, quienes recibirán asistencia inmediata sin exigencias económicas previas. Asimismo, quedarán excluidas del cobro todas las acciones vinculadas a la prevención, vacunación, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades transmisibles o de notificación obligatoria, en resguardo de la salud pública.
En el ámbito educativo, la iniciativa dispone que las universidades provinciales de gestión estatal establezcan impuestos económicos para los estudios de grado cursados por estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país. Los órganos de gobierno de cada institución serán los encargados de definir los montos, las modalidades de pago y los mecanismos de actualización de esos aranceles, dentro del marco fijado por la ley.
Por otra parte, tanto el Ministerio de Salud como las universidades alcanzadas por la norma deberán publicar anualmente información sobre la cantidad de prestaciones y estudiantes comprendidos por el régimen, los montos facturados y percibidos, las exenciones otorgadas, los costos administrativos y el destino de los recursos recaudados, preservando en todos los casos los datos personales de los involucrados.
Finalmente, el proyecto prevé que los fondos obtenidos a través del sistema de recupero sanitario sean incorporados al Fondo Provincial de Salud del SAMO. Dichos recursos deberán destinarse a la adquisición de insumos, equipamiento y medicamentos, además de financiar obras de infraestructura y fortalecer la capacidad operativa de hospitales y centros de salud públicos, priorizando a los establecimientos que hayan generado la facturación correspondiente. Asimismo, la autoridad de aplicación del régimen sanitario será el Ministerio de Salud, mientras que las universidades provinciales tendrán a su cargo la implementación de las disposiciones educativas en el marco de su autonomía institucional.
¿Cuáles fueron los fundamentos de la propuesta de Agustín Romo?
Agustín Romo argumenta en primer lugar su medida con la escasez de recursos en la provincia de Buenos Aires por lo que considera “priorizar las necesidades de los bonaerenses” para mejorar edificios, comprar medicamentos, pagar insumos y financiar universidades.
“Por tanto, no resulta justo que personas que se encuentran transitoriamente en el país puedan utilizar gratuitamente estos servicios sin contar con un seguro, sin contribuir a su sostenimiento y sin asumir el costo correspondiente, mientras que en otros países la situación es completamente diferente para los bonaerenses”, agrega.
Además, remarca que la iniciativa no le negará la atención médica ni desconocerá la dignidad de nadie, sino que quienes no tengan residencia permanente deben “afrontar el costo de las prestaciones que reciben, ya sea mediante un seguro de salud, la cobertura de un tercero responsable o el pago del arancel correspondiente”.
“Las universidades se sostienen con recursos aportados por los ciudadanos y residentes que contribuyen todos los días al funcionamiento del Estado. Por ello, quienes vengan al país sin residencia permanente para cursar una carrera universitaria deben realizar una contribución razonable” agrega.
