Máximo Kirchner presentó un proyecto para ordenar la relación de la Argentina con el FMI. El diputado impulsa una iniciativa legislativa que busca recuperar para el Congreso la decisión sobre el endeudamiento externo con el objetivo de que ninguna operación de crédito se decida por decreto. Además fija un techo legal a la deuda externa, e instruye al Poder Ejecutivo a exigirle al propio FMI una revisión del excedente que hoy carga el país. La propuesta de Kirchner busca para la Argentina orden, previsibilidad y mayor control democrático.
Frente a la situación actual de endeudamiento que atraviesa la Argentina se hace necesario distinguir lo que se debe pagar siempre (la cuota) de aquello que fue una decisión política tomada por fuera de las reglas (el excedente); la iniciativa abre un debate que requiere de diferentes esferas de decisión a nivel local e internacional que demandan del compromiso del Poder Legislativo y Ejecutivo para garantizar una salida sostenible que no dependa de un nuevo ajuste sobre el pueblo argentino.
El Fondo Monetario Internacional y las autoridades argentinas que llegaron a un acuerdo en 2018 son el origen de la situación de endeudamiento actual. El Fondo no aplicó las herramientas previstas para controlar la fuga de capitales a la vez que el crédito fue aprobado por el macrismo incumpliendo los procedimientos institucionales esenciales. Estas cuestiones se evidencian en los informes de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI y de la Auditoría General de la Nación.
Basado en la doctrina de corresponsabilidad acreedor-deudor el proyecto tiene en cuenta que las consecuencias de un programa fallido no pueden recaer solamente sobre el país deudor, cuando el acreedor multilateral ha incumplido sus propios estándares de gobernanza técnica. El caso argentino es un ejemplo paradigmático de falla institucional y su corrección beneficiará al conjunto del sistema.
Se trata de ordenar la macroeconomía priorizando el equilibrio social en beneficio de los argentinos. Kirchner propone discutir el excedente político del acuerdo de 2018 para establecer un plan de pagos sostenible, atado al crecimiento de la Argentina y sin descargar el ajuste sobre la distribución del ingreso. Para ello es necesario redefinir cuánto corresponde pagar y en qué plazo debe hacerse. La deuda con el organismo equivale a trece veces la cuota argentina, por lo que el tramo en discusión es de entre 30.000 y 37.800 millones de dólares.
Entre los firmantes del proyecto se encuentran Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustin Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López.
