El diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para crear una herramienta de recaudación que permite obtener recursos para las provincias y los municipios, y tiene asignaciones específicas para salud, discapacidad, educación, jubilaciones, pensiones, medicamentos y atención de PAMI.
Los últimos años evidencian una caída acumulada y continua en las transferencias a las provincias, y en el último Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo se profundizan los recortes en todo el territorio nacional. Entre 2023 y 2025 el ajuste tuvo un marcado impacto federal, las transferencias automáticas de la Nación a las provincias y municipios se redujeron un 8,4% en términos reales, mientras que las no automáticas —que comprenden buena parte de los recursos destinados a obra pública, programas, convenios y asistencia territorial— cayeron un 72,8%.
Esto impactó en todas las jurisdicciones reduciendo la capacidad de los gobiernos provinciales y municipales para sostener infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, vial y de vivienda. Al mismo tiempo se consolidan regímenes de estabilidad fiscal, reducciones tributarias e incentivos extraordinarios para grandes patrimonios y grandes inversiones, lo que deriva en una asimetría profunda: los beneficios se concentran en quienes más tienen y el ajuste se federaliza afectando políticas públicas esenciales.
En este contexto, el diputado Máximo Kirchner presentó un proyecto que al igual que sucedió con el Aporte Solidario y Extraordinario (ASE), ofrece una alternativa para la obtención de recursos que se traduzcan y materialicen en financiamiento para el desarrollo nacional mejorando la vida de millones de argentinos y argentinas.
Se trata del Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC) que tiene por objeto gravar toda operación que implique la salida efectiva de capitales del país, ya sea en forma de divisas, valores negociables o activos virtuales, realizadas de manera directa o indirecta por los sujetos alcanzados. La finalidad es concentrarse en los flujos de capital especulativo y no en transacciones cotidianas o de bajo impacto, sin penalizar el consumo y la actividad productiva.
Como se explica en los fundamentos del proyecto “cada dólar, acción o activo digital que se traslada fuera del territorio nacional sin generar inversión, empleo ni valor agregado, representa una pérdida de capacidad soberana” por lo que el propósito del impuesto es establecer “un mecanismo compensatorio frente a las salidas de capital que deterioran las reservas internacionales, desfinancian al Estado y agravan la desigualdad estructural”.
Sobre la transferencia de capital al exterior se aplicará una alícuota del 3%; y cuando el destino es de baja o nula tributación se adiciona un 2%. Los sujetos alcanzados están definidos con un criterio amplio y funcional, abarcando a personas humanas, jurídicas, sucesiones indivisas, fideicomisos, trusts, fundaciones y demás estructuras análogas, tanto residentes como no residentes, junto con los responsables sustitutos designados para asegurar la percepción del impuesto.
El potencial de recaudación mínima estimado ronda los 2.89 billones de pesos, lo que equivale a diez veces lo enviado en 2025 a las provincias por transferencias de capital.
Pensado como una herramienta concreta de reparación social y justicia distributiva, el proyecto contempla una asignación específica de lo recaudado con una perspectiva federal y priorizando a los sectores más afectados por el ajuste: el 60% para las provincias y municipios (obras de infraestructura sanitaria, educativa y hospitalaria, de vivienda y vial, y recomposición salarial en salud y educación); 10% salud y discapacidad; 10% educación; 10% jubilaciones y pensiones; 10% medicamentos y atención médica de PAMI.
En la región hay experiencias similares, como el Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) en Brasil, que grava las operaciones financieras con muy buenos resultados.
El ITIC “no penaliza la inversión ni el comercio legítimo, sino que corrige asimetrías estructurales y resta rentabilidad al arbitraje financiero improductivo. En un escenario de creciente volatilidad global y digitalización financiera, el ITIC procura internalizar el costo social de la expatriación de recursos, asegurando que quienes canalizan su patrimonio fuera del país contribuyan solidariamente al sostenimiento del sistema económico que les permitió generarlo”.
No se incluye la tenencia de dólares de los argentinos y argentinas; no grava el consumo, el ahorro interno y la inversión productiva; tampoco están incluidas las compras de bienes que ingresan regularmente al país (siempre que sean importaciones genuinas, documentadas y trazables); también quedan excluidas la compra de dólares, bonos, CEDEARs o fondos, (siempre que los activos permanezcan en Argentina).
No se trata de un impuesto al patrimonio, al consumo ni al trabajo. El ITIC grava la transferencia de capital al exterior. Por eso no alcanza los ahorros que permanecen en el país, las compras minoristas al exterior ni las importaciones registradas.
La dinámica de salida de capitales adquiere una dimensión aún más significativa cuando se la observa como contracara del ajuste fiscal y presupuestario aplicado durante los últimos años. El ITIC no castiga la inversión ni el trabajo, sino que corrige una injusticia estructural, haciendo que quienes más se benefician del sistema económico argentino contribuyan de manera proporcional a sostenerlo. En tiempos de ajuste y desigualdad, este instrumento representa un acto de reparación colectiva: la riqueza que se va del país deberá volver en forma de derechos, infraestructura y dignidad para el pueblo argentino.
El proyecto sintetiza un principio de justicia fiscal y soberanía económica largamente postergado en Argentina. Justicia social con equilibrio fiscal.
