
La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional adoptar medidas de seguridad en la Autopista Presidente Perón, una obra vial que atraviesa el conurbano bonaerense y todavía tiene unos 31 kilómetros pendientes de habilitación. La decisión responde a una presentación de la Provincia de Buenos Aires por las condiciones de distintos sectores del trazado.
Qué ordenó la Justicia sobre la Autopista Presidente Perón
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, a cargo del juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, hizo lugar parcialmente a una medida cautelar solicitada por la administración de Axel Kicillof.
La resolución establece que Vialidad Nacional deberá reforzar los cierres y la señalización de los tramos que todavía no están habilitados, con el objetivo de evitar el ingreso de vehículos y peatones a sectores potencialmente peligrosos.

También tendrá que revisar y reparar los sistemas de contención, como guardarraíles y defensas, en aquellos puntos donde se hayan identificado deficiencias concretas.
El organismo nacional deberá presentar un informe dentro de los 15 días posteriores a la notificación del fallo, detallando las medidas adoptadas. La cautelar tendrá una vigencia de seis meses.
Sin embargo, el magistrado rechazó otros pedidos de la Provincia, entre ellos la ejecución generalizada de trabajos de iluminación, bacheo y construcción de desvíos. Por lo tanto, la decisión judicial no obliga a completar la autopista ni a reactivar todas las obras pendientes.
Cuántos kilómetros faltan para completar la Autopista Presidente Perón
El proyecto contempla una extensión total de 83 kilómetros para conectar el Camino del Buen Ayre con la Ruta Provincial 2. Hasta el momento, aproximadamente 52 kilómetros están habilitados para la circulación.
La iniciativa comenzó hace 15 años y atravesó cuatro presidencias sin llegar a completarse. El último tramo habilitado, de 10 kilómetros, se incorporó en diciembre de 2023.
En diferentes puntos del recorrido se registraron problemas vinculados con la paralización de los trabajos, entre ellos sectores sin señalizar, divisores inconclusos y episodios de vandalismo.
La autopista atraviesa 12 municipios bonaerenses y fue proyectada para mejorar la conexión entre el norte, el oeste y el sur del Gran Buenos Aires, además de ofrecer una alternativa a otras vías de circunvalación.
El reclamo de la Provincia para terminar las obras
Según informó Clarín, antes de recurrir a la Justicia, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, había solicitado al ministro de Economía nacional, Luis Caputo, el traspaso de la autopista a la jurisdicción provincial.
La intención del gobierno de Kicillof es asumir la responsabilidad sobre los sectores inconclusos para avanzar con su finalización. Según la información publicada, ese pedido no obtuvo respuesta.
Katopodis también cuestionó la falta de avances y sostuvo que la Provincia podría completar los trabajos si recibiera la transferencia correspondiente.
Por ahora, la resolución judicial se concentra en garantizar condiciones de seguridad y mantenimiento en los sectores señalados, mientras continúa sin definirse cómo se terminarán los kilómetros que todavía faltan.

















